Trabajadores de hidroeléctrica de Barro Blanco protestan porque no han cobrado

Más de medio centenar de trabajadores del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, que edifica la empresa Generadora del Istmo-Genisa-, en Tolé, Oriente de Chiriquí, dijeron que desde el pasado 11 de febrero, cuando la ANAM decidió suspender los trabajos en este proyecto, la empresa no les ha pagado sus salarios.

Este grupo de trabajadores denunciaron que ellos no son culpables de que la empresa tengan conflictos para con la ABNAM o los indígenas que se oponen al proyecto, porque ellos efectúan una labor alejada de estas condiciones.

Los obreros, que este martes se reunieron en la sede del Suntracs en David, para forzar una reunión con los directivos del Ministerio de Trabajo en Chiriquí, afirman que ellos sólo pretenden que la empresa asuma sus contratos y cumpla con la ley.

Los Obreros no tenemos la culpa de la situación administrativa y legal de la empresa que edifica el proyecto, tenemos un contrato laboral que debe ser cumplido”, dijo Jaime Moreno, vocero de los trabajadores cesantes.

Jaime Caballero, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), pidió al Ministerio de Trabajo hacer su función y defender a los obreros, para que la empresa cumpla con sus obligaciones.

Maritza Deans, directora regional de trabajo, aseguro que la empresa ha expresado que cumplirá con las normativas del Ministerio de Trabajo, para hacerse cargo de los salarios e indemnizaciones de la liquidación de los obreros.

La empresa Genisa advirtió ayer lunes que el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco podría suspenderse definitivamente por causas derivadas de la detención de las obras.

Según Genisa, la detención de las obras ha provocado "riesgos a las infraestructuras" y a los cimientos del proyecto hidroeléctrico que "han sido comunicados por informes de ingeniería" de diversas entidades.

El proyecto es financiado por los bancos DEG (Alemania), FMO (Holanda) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La cancelación definitiva del proyecto podría acarrear demandas millonarias contra el Estado panameño ya que, según Genisa e Hidráulica de San José -la otra compañía que realiza el proyecto-, las pérdidas podrían superar los 130 millones de dólares.

El gobierno panameño ordenó en febrero la suspensión temporal de Barro Blanco, que tiene 95% de las obras construidas, por incumplimientos en los estudios de impacto ambiental.

Djurdjica Kuntich, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), aseguró en una carta que la situación de la hidroeléctrica "es preocupante" por la existencia de "un talud con riesgo de deslizamiento" en la presa que no puede corregirse por la paralización de las obras.