Juez extiende plazo de investigación por caso Constructora del Sur relacionada con Odebrecht

Este martes 25 de julio se conoció que el juez Oscar Carrasquilla decidió extender el plazo de investigación al Ministerio Público por el caso de Constructora del Sur y que tiene una presunta relación con el caso Odebrecht.

El Juzgado Duodécimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá concedió la extensión a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 13 de julio.

“Es observable que estamos en presencia de un posible grupo delictivo organizado, el cual ha cometido delitos considerados graves como lo son el Blanqueo de Capitales y delitos Contra la Administración Pública”, declaró el tribunal.

El proceso fue catalogado como ‘investigación compleja’ ya que involucra a 17 personas, cuentas bancarias abiertas en Panamá y el exterior, sociedades anónimas en jurisdicciones de América y Europa y requiere de asistencia internacional.

La demanda, presentada por el abogado Alvin Weeden, denuncia transferencias por 50 millones de dólares por Constructora Odebrecht a la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, transferido a través de 3 sociedades panameñas que serían las encargadas de pagar coimas a través de bancos en Suiza y otros países.

Específicamente, detalla que se pagaron coimas a Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco y Renato Duque, exdirectivos de la empresa estatal brasileña Petrobras. En el caso están siendo también investigados los hermanos Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli.

El período de investigación se extendió de forma prácticamente indefinida, con una excepción. En caso que se detenga a una persona, el término para la investigación será de dos meses.

La Fiscalía asegura que se trata de una Organización Criminal Organizada, y lo sustenta por el hecho que se trata de más de 3 personas que han actuado de manera concertada por varios años, iniciando en el 2009.

Los abogados Jair Urriola Quiróz y Abilio Batista Domínguez (en representación de Humberto De León y Eduardo Lucio Patrao de Credicorp Bank) se opusieron a las acciones de la Fiscalía, señalando que no le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, sino a la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada hacer la solicitud al tribunal.

También señalan que no se ha demostrado intencionalidad y conocimiento entre las personas investigadas ya que el Ministerio Público ‘no ha presentado evidencias fácticas’. Sin embargo, el juzgado rechazó el argumento apuntando que el Fiscal delegado tiene la potestad de investigar los delitos que le asigne la Procuradora de la Nación.

Si se define que se trata de una Organización Criminal Organizada, solo pertenecer a la misma sería considerado un delito.

Sobre la Delincuencia Organizada, el Código Penal señala que “el legislador eleva a delito el solo hecho de pertenecer a un grupo delictivo, la finalidad de conformar ese grupo es para llevar a cabo delitos de suma peligrosidad, no por la violencia como elemento para cometerlos sino son de alta lesividad para la colectividad; tal es el caso del blanqueo de capitales (…)”.

También se contempla la autorización de procedimientos especiales y técnicas para investigación como ‘operaciones encubiertas, vigilancia y seguimiento, entrega vigilada, compra controlada, interceptación de las comunicaciones e incautación de datos, así como la protección de personas’.

Con información de Isaías Cedeño