Por contratos a Odebrecht, insisten en veto a Ley de Contrataciones Públicas

La exclusión de la propuesta de inhabilitar a las empresas corruptas en las licitaciones del Estado, causó decepción, luego de la reciente aprobación de la Ley 305 que modifica el texto único de la Ley 22 del año 2006, sobre Contrataciones Públicas, por lo que algunos organismos insistirán para que el Presidente Juan Carlos Varela la vete parcialmente.

Annette Planells, del movimiento Independiente (Movin) dijo en Noticias AM que las aspiraciones de la sociedad eran “muy altas" con relación a este proyecto.

Sin embargo, expresó que aunque su aprobación es un avance, la Asamblea Nacional (AN) perdió un momento muy importante para lograr mayor transparencia.

La preocupación de varios organismos surge a raíz de que la empresa Odebrecht, a la cual se le han adjudicado varios proyectos de gran importancia en el país, está inmersa en un escándalo de corrupción que incluso involucra a figuras relevantes del gobierno en Brasil y aún se sigue adjudicando obras.

Planells dijo que “no debemos minimizar algunos avances que se lograron con esta aprobación, en materia de las adendas, la limitación al 20% de los adelantos que se hacen al contratista y que los contratos por consultoría pasan a ser parte del proceso y no se hacen libremente”.

Este proyecto de ley, deberá ser ratificado en los próximos días por el mandatario panameño, Juan Carlos Varela, para convertirse en Ley de la República, con lo cual, según sus proponentes, pretende hacer más eficientes los procesos de compras estatales.

Los organismos que componen la sociedad civil han solicitado a Varela que vete parcialmente el proyecto, principalmente tres puntos: La inabilitación de empresas condenadas en el extranjero, el convenio marco y la exclusión de los medicamentos [donde hay más denuncias de corrupción en la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional de transparencia y acceso a la Información (Antai)] .

Según Planells, Varela dijo que la inhabilitación podría afectar entre 12 y 14 empresas que contrataban con el Estado, por lo que recalcó que con la ley proponían que no se afectaran los proyectos que ya están en marcha, pero no se entregaran nuevos.

Consideró que en Panamá hay un porcentaje muy alto de las contrataciones del Estado con una empresa [Odebrecht].

En este sentido, la propuesta también incluía el límite para contratación de proyectos con una compañía.

Planells lamentó que la AN no diera cabida a este punto, porque el proyecto nació de una mesa interinstitucional donde participaron profesionales y entidades del país que dieron grandes aportes.