Temen que irregularidades en juntas comunales de otras provincias queden en el limbo

El Juzgado Quinto Penal de Panamá, presidido por el juez Enrique Paniza, admitió la reapertura del caso de las juntas comunales, pero solo en lo que compete a las que pertenecen a la provincia de Panamá. Para el abogado Ernesto Cedeño, quien ha seguido muy de cerca el proceso, los auditos del resto del país terminarían en un “limbo jurídico”.

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio Público (MP) solicitó la reapertura del proceso luego de recibir 187 auditorías de la Contraloría General de la República a juntas comunales y municipios de todo el país, tras la denuncia de presuntos manejos no transparentes de fondos para obras de diputados.

El órgano Ejecutivo, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, transfirió $403 millones, entre $169 millones al extinto Programa Ayuda Nacional (PAN), $26 millones a los municipios y más de $200 millones a las juntas comunales.

El jurista detalló en Noticias AM que en caso de ser detectada la vinculación de un diputado, la investigación pasará automáticamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde por tecnicismos como la “prueba idónea”, no podría prosperar.

Si se mencionan a exdiputados, el MP entonces tendrá que fortalecer la pesquisa y solicitar llamamiento a juicio.

“Yo presenté denuncia y la Corte Suprema de Justicia, por adolecer a las pruebas idóneas, no la admitió. También la presenté a la Procuraduría General de la Nación”, dijo el abogado.

Cedeño señaló además que el Ministerio Público debe tomar la iniciativa y explicar a la ciudadanía cómo se procederá con las auditorías correspondientes a otras jurisdicciones.

“¿Qué pasó con los millones que se transfirieron al PAN y a municipios? Los panameños necesitamos rendición de cuentas”, sentenció en Noticias AM.