Centros comerciales podrán cobrar por los estacionamientos

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales dos artículos que reformaron la ley de protección al consumidor, que establecían que los establecimientos comerciales estaban obligados a ofrecer tres horas gratis de estacionamiento al público.

La decisión se dio en un fallo que resolvió un recurso de inexequibilidad, interpuesto por el presidente Juan Carlos Varela, pidiendo declarar inconstitucional los artículos 2 y 5 del proyecto de ley 10, que fue aprobado por la Asamblea Nacional, para reformar la ley de protección al consumidor.

Jerónimo Mejía fue el magistrado ponente del fallo que concede el recurso de inexequibilidad, que interpuso el presidente Varela en el año 2015.

Según el fallo, la obligación de otorgar 3 horas gratis de estacionamiento a cada consumidor, lesiona el derecho del comerciante de disponer y lucrar del bien adquirido, situación que viola el artículo 47 de la Constitución, que establece la garantía sobre la propiedad privada.

Los magistrados Oydén Ortega y Abel Zamorano no estuvieron de acuerdo con la decisión y emitieron un salvamento de voto. Ambos consideran que el servicio de estacionamiento es parte del derecho de los consumidores, que acuden a un establecimiento comercial, para invertir en la compra de un producto o servicio que tiene su costo.

La controversia del tema surgió cuando en el año 2015, el presidente Varela vetó los dos artículos del proyecto de ley 10 que obligaba a dar tres horas gratis de estacionamientos en locales comerciales; luego la Asamblea Nacional aprobó por insistencia el proyecto de ley.

Y ante esa situación, el Presidente presentó la inexequibilidad en la Corte, que ahora le da la razón al gobernante panameño.

En su momento, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, objetó este proyecto de ley porque atentaba contra el libre comercio y la competencia.

Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue el proponente del proyecto de ley y advirtió que había presiones de la empresa privada para que no se aprobara la ley.