Se iba cobrar 50 mil dólares por la audiencia a Hilario Chen Quintana
La Fiscalía no pudo determinar desde que fecha, se venían cobrando sobornos en el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por otorgar libertades y fallos absolutorios en casos de homicidio.
No obstante, la investigación que se inició en 2015 a un grupo de funcionarios pertenecientes a una supuesta red de corrupción, dejó al descubierto muchas irregularidades y pruebas contundentes.
A una mujer acusada de un homicidio en Veracruz en el año 2014, se le cobró mil 500 dólares por la fecha de audiencia y 4 mil dólares por una medida cautelar.
Posteriormente, se comprobó que la dama salió libre con un sobreseimiento provisional.
Todos los acusados (excepto uno) negaron los cargos y su participación en esta red de corrupción, durante la declaración indagatoria.
Solo Blas Macre se declaró confeso. Admitió haber cobrado coimas y señaló con nombres y apellidos, cuál fue la participación de sus compañeros de trabajo en los hechos.
Según Macre, por la audiencia de homicidio a Hilario Chen Quintana se estaban pagando 50 mil dólares.
Durante el allanamiento al Segundo Tribunal el 12 de noviembre de 2015, la fiscalía halló un sobre amarillo en el puesto de la escribiente Carmen Castro, que tenía documentos del caso a Chen Quintana.
Ninguno está detenido
Los oficiales mayores del Segundo Tribunal tenían el control del calendario de audiencias y ponían la fecha para la celebración de los juicios.
Escribientes del Segundo Tribunal, que también contactaban con abogados e imputados para negociar las libertades, realizaban los trámites de notificar los fallos absolutorios, de fianzas y medidas cautelares.
Estas funcionarias también tenían contacto con los asistentes de magistrados del Segundo Tribunal, que eran los encargados de redactar los proyectos de fallo que favorecían a los acusados con sentencias que les permitían salir de prisión.
Todos los acusados-entre funcionarios y particulares- están libres, algunos con fianzas de excarcelación y otros con medidas cautelares de país por cárcel.
Los funcionarios judiciales involucrados fueron separados de sus cargos mientras se define este caso.
La fiscalía no acusó a ningún magistrado del Segundo Tribunal, a pesar de que eran los que presidían los juicios y firmaban los fallos de fianzas y medidas cautelares.
Tampoco se acusó a ninguno de los dos abogados mencionados en la investigación.
La fiscalía concluyó la investigación el pasado 15 de septiembre, pidiendo el llamamiento a juicio de 29 personas y el sobreseimiento de otras 13 por delito de corrupción de servidores públicos.
El expediente está en el Juzgado Cuarto Penal, a la espera que se realice la audiencia preliminar.
