'La justicia está secuestrada', asegura expresidente del CNA

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, consideró que el sistema judicial está en crisis y que, al momento, no ha habido voluntad política para materializar las recomendaciones de expertos.

“Estamos secuestrados por los políticos. La justicia está secuestrada porque depende de las reformas legislativas que la Asamblea (Nacional) tiene que producir”, expresó este martes en Noticias AM.

A consideración del expresidente del CNA, ni el gobierno y la oposición a lo largo de los años ha tenido motivación de impulsar reformas con base en las observaciones técnicas.

Araúz manifestó que es necesario entablar un “diálogo frontal por la justicia”, encabezado por el Presidente de la República y cuente con el apoyo de los partidos políticos.

“Se necesita la disposición de un Presidente de la República, que pueda ser orientado en cuáles son las puntuales reformas a la estructura de un sistema judicial -como lo fue el Sistema Inquisitivo Mixto- y que la aplicación de la justicia sea en equilibrio”, añadió.

El abogado resaltó que el país experimenta un momento crucial y que “sería tiempo perdido para el Estado y la sociedad, que esa curva de aprendizaje en materia de procesos judiciales, no pueda ser materializada en herramientas legislativas”.

También destacó que las soluciones que se plantean, como el proyecto de imprescriptibilidad en casos por delitos contra la administración pública y la "muerte civil", se topan con una normativa de un sistema judicial colapsado con "otras 99 opciones" que las podrían dejar sin eficacia.

"El sistema judicial está lleno de conductos que dan un tratamiento de menor jerarquía" a los delitos relacionados con corrupción, puntualizó Araúz.

Contrataciones públicas y reformas sin materializarse

El expresidente del Colegio de Abogados dijo que los cambios a la normativa que regula las contrataciones "se mantienen en el ambiente como exigencia ciudadana".

Una solicitud que toma más fuerza tras las nuevas revelaciones del caso Blue Apple, que adelanta el Ministerio Público (MP), en que se vinculan a unas siete constructoras locales con el pago de sobornos a exfuncionarios, a fin de agilizar trámites administrativos.

La sociedad civil pide que el Estado pueda excluir a contratistas por cualquier nexo a lesiones patrimoniales. Son reformas, que según Araúz, "nunca se han materializado".

Sobre el pronunciamiento del MP de ayer, lunes, Araúz señaló que la institución debe mantener "una cercanía" con la ciudadanía, para que ésta tenga algún tipo de credibilidad en la vista fiscal que elabora.

"El Ministerio Público logra insertarse en la sociedad en la medida que comunique efectivamente el trabajo que se realiza dentro de la institución", dijo en Noticias AM, "y comunicar investigaciones que guardan relación con corrupción forma parte de esas obligaciones constitucionales".