Ley de Contrataciones Públicas no garantiza transparencia, según SPIA
La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) pidió este jueves 12 de mayo, abrir el diálogo para luego sancionar la Ley de Contrataciones Públicas, que según este gremio no cumple con las regulaciones necesarias.
La SPIA fijó su posición en torno a este proyecto recientemente aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional de Diputados.
Según la SPIA, la Ley 305 “no contempla las regulaciones necesarias que garanticen un proceso de contrataciones transparentes por parte del Estado”.
Además, hace un llamado para que se incluya el impedimento de participación de empresas condenadas por tribunales panameños o extranjeros, en el periodo que la ley lo estipule.
Para dicho ente, los proyectos de ingeniería y arquitectura tienen un valor importante para el presupuesto nacional; por lo que se requiere de la participación de profesionales idóneos que garanticen la integridad de las obras y la seguridad humana en todo el territorio nacional.
Ante tal situación, la SPIA reitera que toda contratación que realice el Estado en materia de ingeniería y arquitectura debe cumplir los requerimientos de la Ley 15 del 25 de enero de 1959, que regula el ejercicio de estas profesiones y certifica a las empresas que ejecutan estas obras.
Sugiere eliminar los contratos “llave en mano” y de “diseño y construcción” y reemplazarlos por actos de licitación independientes [contratos de estudio y consultoría, contratos de diseño, contrato de construcción, contratos de inspección].
Otra de las sugerencias es que los Términos De Referencia (TDR) deben ser formulados de manera tal que “garanticen la equitativa competencia de empresas y profesionales panameños en un acto público”.
Considera la SPIA que la inclusión de la “construcción de obras estandarizadas” atenta contra el ejercicio liberal de las profesiones, ya que cada proyecto tiene su característica particular de ubicación, emplazamiento, condiciones técnicas y ambientalistas.
Varios organismos de la sociedad civil también se han opuesto a la aprobación de esta ley, principalmente porque no contempla la exclusión en los actos públicos de las empresas condenadas por actos de corrupción, por lo que han solicitado al presidente de la República Juan Carlos Varela que vete dicha norma.
