Se abren nuevos frentes de controversia por el uso de los terrenos de Amador

En medio del debate sobre la posibilidad de que se ceda un espacio en Amador para la Embajada de la República Popular China en Panamá, el empresario Jean Figali ---inversionista de Grupo F. Internacional— reapareció para replicar las declaraciones brindadas por el presidente Juan Carlos Varela sobre el tema.

El mandatario cuestionó el uso que han dado administraciones pasadas a las tierras en la Calzada de Amador.

"Es un lugar donde los panameños no hemos hecho las cosas bien. Es una de las tierras más bonitas de nuestro país y lo que tenemos es un hotel abandonado, una tumba vacía, y una tierra del Seguro con un precio altísimo", manifestó Varela.

“Hay tierra abandonada, hay hoteles abandonados a media construcción, inclusive hay hasta una zona que supuestamente iba a ser una zona de alta moda y lo que es una zona de bares y de cosas que no tienen que ir allí”, añadió.

Figali, quien fue investigado por blanqueo de capitales, señaló en una carta enviada al presidente Varela que el Estado panameño “no ha contestado un reclamo admitido ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas” y expresa su interés en que “se haga justicia con su inversión”. Además, señala que el Estado le “robó” su concepto de desarrollo en el área.

En 2011, el entonces representante legal de Grupo F. Internacional y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) firmaron un acuerdo de transacción extrajudicial tras la desatención de un convenio de pago relacionado a dinero adeudado del contrato suscrito por la concesión otorgada en 2002, durante la administración de Mireya Moscoso, para el desarrollo de varios terrenos.

Posteriormente, en 2003 la entonces Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) le adjudicó tres parcelas. En todo ese espacio, se levantó el Figali Convention Center, una línea de residencias y una zona de bares y restaurantes.

Sin embargo, se detectó que Grupo F. rellenó sin permiso un área de fondo de mar de aproximadamente 25 hectáreas y los contratos de concesión solo permitían un relleno de 7.7 hectáreas para una marina.

El contrato fue suspendido por incumplimiento durante el gobierno de Martín Torrijos y la administración de Ricardo Martinelli secuestró los terrenos en 2009.

Con el convenio firmado por el MEF y refrendado por la Contraloría General de la República, Grupo F. renunciaba a los derechos de concesión y se cancelaba todas las deudas y obligaciones. Como resultado, Grupo F. desistía “de manera definitiva” de cualquier proceso o litigio que mantenía a la fecha con relación a los bienes que se le fueron otorgados en Amador.

Según Figali, fue obligado a firmar el acuerdo de transacción.

Hasta el momento de la firma del convenio, Grupo F. mantenía una deuda superior a $20 millones.