Panameños, rehenes de la inseguridad

Miles de familias han sido víctimas del crimen, que sin control, se apodera de todo el país. Han perdido madres, hijos, hermanos, todo por flagelos como el narcotráfico y las pandillas.

Mercedes Paredes perdió a su hija Ilka Paredes en Colón. Llegando a su casa proveniente de su trabajo, fue usada como escudo por pandilleros que se batían a tiros con un grupo rival en calle 9. Un tiro en el abdomen acabó con ella.

Mercedes asegura que su hija nada tenía que ver con el pleito de los delincuentes; fue algo muy duro para ella. La víctima dejó tres hijos, a quienes les toca vivir allí mismo donde mataron a su madre.

María Gutiérrez es vecina. Asegura que desde que las pandillas se adueñaron de las calles son los inocentes y no los criminales los que pagan, obligados a vivir encerrados entre dolorosos e insuperables recuerdos. “Los niños no tienen donde jugar, todo es bala y violencia”, indicó.

Los niños también han sido víctimas. César Valencia es el padre de Kevin, de 8 años. El niño recibió un disparo de un pandillero y murió desangrado, nadie lo pudo ayudar. Él jugaba en el lugar, la calle 1 y Meléndez, también en Colón.

“Llenan hogares de luto y dolor, midiendo sus diferencias con las armas”, dijo Valencia.

Lo más terrible del caso es que los culpables siguen libres. Su tío, Franklin Du, no culpa a nadie, solo pide que se acabe la violencia.

Hay unas 35 pandillas en Colón. Aquí como en muchos otros sitios, impera el código del silencio, nadie se atreve a denunciar a los pandilleros por miedo a ser la próxima víctima.

Sucesivos gobiernos, a lo largo de varias décadas de violencia y criminalidad, han intentado detener el incremento de este flagelo cuyas causas son tan numerosas y complejas que demandan una estrategia integral, que abarca la familia, educación, la comunidad e instituciones del Estado.

El pastor evangélico Rolando Kennedy, señala que los menores que delinquen y son encerrados salen peor de las cárceles, pues los otros presos le enseñan a matar, y les dan autos, armas y drogas, además, el gobierno no ayuda.

La experiencia nacional e internacional ha demostrado que un enfoque centrado exclusivamente en lo represivo no funciona. Aida Selles, del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá asegura que la represión conlleva muchos más recursos y los efectos no son lo que se espera a mediano y a largo plazo.

Agregó que la prevención debidamente organizada y planificada tiene efectos mucho más duraderos y efectivos que la represión. “Creo que tenemos que ir a una planificación de una verdadera política criminológica de Estado”, concluyó.

A pesar de los operativos policiales que buscan bajar la intensidad de los grupos, y los decomisos de droga y armas, cuando las unidades abandonan los caserones, vuelve el temor y la incertidumbre.

Celestina Fuentes llora por razones distintas. No sabe qué hacer con su hijo de 13 años, del cual no tiene noticias desde hace semanas. Ella reconoce que no puede controlar, por más ayuda que haya pedido.

“Mi hijo se me está perdiendo y yo no quiero… Siento que ya yo no puedo”, lamenta esta joven madre. Asegura haber acudido a diversas instituciones, pero ellos tampoco pueden con él. “Yo como madre, le hablo, le aconsejo pero es imposible”, agregó.

La pobreza extrema, la crisis familiar, la ineficacia de las pocas entidades existentes para apoyarla y orientarla, son el caldo de cultivo de casos como el de Celestina, que teme que su hijo haya sido víctima de las drogas o haya sido reclutado por una de las pandillas que hay en su entorno.

El exdirector de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad, reconoció que como país se han estado haciendo parches y reaccionado a eventos de criminalidad, “en vez de planificar seriamente las decisiones políticas que deben regir a los 4 componentes de la Fuerza Pública”.

Abad asegura que cuando la lucha contra la violencia y la criminalidad se eleve a la jerarquía de tema de estado, junto al de canasta básica y educación, como tema prioritario en la agenda de gobierno, las cosas van a cambiar.

El narcotráfico es el otro gran precursor de la espiral de violencia. Grandes narcos pagan con droga a sus socios locales, lo que incrementa exponencialmente las ventas en la calle.

El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, señaló que de los más de 660 homicidios al fin del 2013, 602 delitos provienen directamente del crimen organizado, “entiéndase narcotráfico”, aseveró.

Mulino reitera la incidencia del narcotráfico en el tema delictivo en Panamá, no solo en homicidios, sino otro tipo de delitos.

Por esta razón, las pandillas buscan expandir el mercado de consumo y pelean entre ellas por el control de los territorios. Por la droga con la que les pagan y por territorios donde la venden al detal, surgen los sicarios.

En los tres primeros años de este gobierno se han registrado 1531 homidicios, más que el total registrado en el mismo periodo del gobierno anterior. Solo en los tres primeros meses del año en curso, se han dado 169 homicidios, 70 fueron en marzo.

San Miguelito es otro punto caliente, donde más homicidios ocurren año tras año. Hay unas 42 pandillas en ese distrito.

Severino Mejía, exviceministro de gobierno y justicia y miembro del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, opina que ya el ciudadano no está seguro ni en su propio hogar, prueba de ello son la gran cantidad de rejas metálicas que se han instalado en casas de la ciudad. “Nos encontramos en una ciudad que es una cárcel, todos enrejados por temor a ser víctimas”, aseguró.

Un estudio de la Universidad de Panamá sobre seguridad ciudadana en Centroamérica arrajó que los temas de prevención y resocialización no son prioridad para los gobernantes.

El crimen organizado genera las oportunidades que los gobiernos locales y centrales no están generando, a juicio del sociólogo José Clemente Lasso. Entonces, señaló, se abren espacios o figuras como el sicariato, los tumbadores de droga, y competencia de carteles genera este tipo de violencia.

Alma Jenkins, directora del capítulo de Panamá del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), considera que la sociedad no es capaz de cuidar a niños y niñas, con lo que se pone en riesgo su futuro.

Reveló que el 34% de la población tiene menos de 18 años, al mismo tiempo, el número de menores de 18 años que han perdido la vida ha venido aumentando..

Una encuesta contratada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), reveló que el 80% de panameños sienten que viven amenazados por la inseguridad, mientras que un 53% no denuncia porque desconfía de las autoridades. La percepción predominante es que poseemos un sistema de justicia incapaz de garantizar la certeza del castigo e instituciones que poseen las herramientas necesarias para resocializar a la minoría de los internos que son juzgados y condenados a pagar penas dentro del sistema penitenciario panameño.

El Ministerio de Seguridad recibe asignaciones presupuestarias sin precedentes, las instituciones encargadas de garantizar la aplicación de la justicia, como las de investigación forense y criminalística, carecen de presupuesto mínimo indispensable para hacer su labor.