La penetración del crimen organizado en la política panameña pone obstáculos para mejorar las leyes

La liberación de José Cossio, uno de los más buscados en Panamá, por parte de un juez, tras haber cumplido supuestamente una de sus penas, pero sin tomar en cuenta que el ciudadano se había fugado de la cárcel Punta Coco, enciende las alarmas sobre las actuaciones del Ministerio Público, el sistema de justicia en Panamá y el papel que juegan en el engranaje de seguridad.

La exprocuradora Ana Matilde Gómez señala que estas entidades juegan un papel fundamental, pero es un tema que hay que analizar de forma integral, pues la violencia es solo un síntoma.

Indicó que hay que considerar elementos importantes, entre ellos, que Panamá es un país de conectividad, con una economía dolarizada, con una pobre institucionalidad y corrupción.

“El crimen organizado que es quien concentra todas estas actividades que trae como consecuencia la violencia ha penetrado todas las instituciones y eso no es nuevo. La penetración de la corrupción tanto en lo Judicial, como en el Legislativo y el Ejecutivo también tiene varios factores que hay que tomar en cuenta”, destacó Gómez.

Sostuvo que, en lo judicial, si los jueces no tienen el temple pueden sentirse intimidados, están las amenazas directas y la infiltración que desde la década de los 80-90 el crimen organizado se dedicó a formar contadores, financistas, y penetrar las instituciones de control.

Mientras que, en el Ejecutivo y el Legislativo está la penetración por parte de la financiación de la campaña política, ya que sentados en el poder y desde la política todo negocio era posible.

“Ellos empezaron a financiar campañas y a tener candidatos y esos candidatos empezaron a ganar porque el clientelismo les permitió a los candidatos infiltrados del crimen organizado provenientes de las pandillas ganar las elecciones, porque hemos caído en la trampa de representar a la sociedad tal como ella es y no como debería ser”, manifestó.

Continuó diciendo que es por esto que cuando se tratan de aprobar leyes más fuertes en contra de estas actividades, surgen elementos que impiden que estos proyectos avancen para ser aprobados y por lo contrario lo que sucede es que quedan engavetados.

Gómez destacó que el trabajo de inteligencia es fundamental, sin embargo, luego del reporte que le llega a quien le corresponde, las directrices no bajan o se frenan porque la penetración de la corrupción también está en la Policía Nacional.

Resaltó que el crimen organizado realiza otra serie de delitos que se infiltran en la economía regular, sobre todo cuando es una economía muy permeable y una banca que, aunque tenga seriedad y muchos años nos ha demostrado que en algunos casos se hacen de la vista gorda porque también están penetrados.

“Siempre el crimen termina teniendo más recursos que los estamentos de seguridad y que las instituciones”, aseveró Gómez afirmando que mientras instituciones como el Ministerio Público tiene que rogar por recursos el crimen organizado maneja extraordinarias cantidades de dinero que tienen su impacto.

Recalcó que se deben establecer mejores mecanismos de control y fiscalización del movimiento del dinero que se da en el país.

Señaló que el trabajo multilateral y la cooperación internacional es necesaria, aunque Panamá se desgaste muchísimo en la vigilancia de la droga, pero si no lo hacemos no estaríamos cumpliendo con nuestro papel de país de tránsito.

Para Gómez, es necesario tomar la decisión de atacar el narcomenudeo, establecer conexiones entre las pandillas y los carteles de droga.

“El mejor ministro de Turismo es el ministro de Seguridad, porque lo que él comunique es lo que va a llegar al mundo, quien debe decir qué está haciendo Panamá para que una persona pueda transitar en la calle tranquila, que hay respuestas rápidas, prevención, sanciones efectivas y castigos ejemplares”, destacó.

La exprocuradora fue enfática en decir que hay que cortarle la fuente al crimen organizado que es el abandono de los barrios y la juventud que el sistema dejó atrás, la deserción escolar, las familias destruidas que son caldos de cultivo para el crimen organizado y que hay que parar con políticas públicas fuertes.