Al menos 34 personas esperan 'justicia' tras ser víctimas de accidentes en el Metrobús

El 25 de mayo del 2015, la señora Hipólita Polo hacía su recorrido habitual tras salir de su trabajo, en ese entonces laboraba en el Centro de Salud de Parque Lefevre. En su trayecto, abordó un Metrobús en el sector de Los Andes.

Solo hizo pisar el bus y la tranquilidad de saber que regresaba a casa al finalizar la jornada laboral se volvió una pesadilla, ya que no habían pasado ni cinco minutos después de subirse cuando sufrió un accidente, donde se fue de espalda y quedó desplomada en el pasillo del vehículo.

“Desde que arrancó empezó a corcovear como caballo desbocado y allí fue donde me caí y por más que traté de agarrarme, no pude porque las barandas estaban muy altas…” cuenta la señora.

Tras la caída, sufrió golpes en la cabeza y lesiones en la columna vertebral que asegura serán permanentes, con consecuencias que siente se irán haciendo más graves.

Después de ese día, se ha tenido que someter a diferentes resonancias.

Aclara que en ese momento no demandó a la empresa [MiBus] porque creyó en una promesa que no cumplió el presidente Juan Carlos Varela: “que se les iba a indemnizar” por los daños que había sufrido en el hecho.

Como la señora Hipólita, hay cerca de 34 casos similares de personas que fueron víctimas de accidentes en alguna unidad de Metrobús y donde la empresa no se ha hecho responsable.

El abogado Víctor Martínez, representante legal de los afectados, detalló que el hecho de no haber demandado en aquel entonces no exime a la empresa a hacerse responsable de los daños que ha sufrido la pasajera.

Explica que hay tres situaciones que se tienen que tener en cuenta: existió la promesa de que se les iba a pagar una indemnización y por eso no era necesario demandar; la compañía mantiene seguro, que resolvió algunas situaciones de carácter médico, pero no le quita otras responsabilidades al Estado.

En tercer lugar, algunas personas demandaron y se determinó un sobreseimiento provisional en casos penales y en esos casos el Estado plantea que no se tiene que pagar nada. Sin embargo, en una consulta que se hizo al procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo que sí se tiene que pagar.

Martínez expresó que no ha habido justicia para los afectados y “eso es grave y doloroso”.

Este lunes, a las 10:00 a.m., habrá una reunión en la Presidencia, entre Salvador Sánchez, el defensor del Pueblo, el procurador de la Administración, Esperanza Mena representante de los usuarios y Víctor Martínez, abogado de las víctimas.