'La Asamblea está a la venta y responde a quien le pague', según politólogo

El politólogo Richard Morales catalogó como una falta de respeto con la ciudadanía, de parte de la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego, haber hecho la promesa de que se presentaría la información faltante de las planillas 080 y 172 y no cumplir.

Recalcó que el Legislativo representa a la población y responde a los ciudadanos, a sus necesidades, voces y exigencias y cuando eso no pasa falta a su función fundamental y ello constituye una burla.

Agrega que la acción de Ábrego vulnera el derecho a la información que tienen los ciudadanos, ya que a ellos no se les tiene que rogar que presenten los detalles de las planillas, porque esa información “nos pertenece y debe estar siempre a disposición de la ciudadanía”.

Morales dijo que con lo que se ha visto, la población se puede dar cuenta que la AN no los representa, sino que representa al dinero y a quienes ellos responden que son otros intereses.

Asegura que la AN tiene que crear leyes dentro de un sistema que está corrompido, lo que significa, en la visión del politólogo, que “todo está a la venta y todo tiene un precio” y en ese sentido la Asamblea vende leyes.

Manifiesta que las leyes se las vende al Ejecutivo, que quiere imponer su agenda y para lograrlo tiene que comprar a los diputados e históricamente lo ha hecho con el FES, el FIS, el PAN, el DAS y a través de toda una serie de prebendas.

Al igual, los diputados también responden a sus donantes, que son quienes compran a los diputados en campaña a la expectativa de que estando en el Legislativo los van a favorecer y también están quienes no son donantes, pero que dan dinero a los diputados para que fallen o legislen a su favor y un ejemplo de ello es el “caso Cemis”.

“La AN está a la venta y responde a quienes le paguen”, asegura.

La crisis institucional que hay en Panamá se puede ver en la medida en que el Estado es incapaz de responder a las demandas de los ciudadanos en materia de salud, educación, transporte, trabajo, agua potable, entre otras.

Asegura que en el caso de Panamá, "no es un estado de Derechos, sino un estado que concede privilegios y reparte favores, dependiendo de cuánto poder y dinero tienes".