Proyecto busca acabar el chantaje y extorsión pública

La corrupción y falta de transparencia en las dependencias del sector público podrían disminuir de concretarse el proyecto de ley que prohíbe y sanciona el chantaje, la extorsión directa e indirecta.

El proyecto de Ley 52 que regula el conflicto de intereses en el servicio público fue analizado hoy durante un seminario taller, realizado en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional.

Esta propuesta busca garantizar el desarrollo de las funciones públicas con transparencia, además de evitar la corrupción, que por años se viene registrando en las diferentes instituciones.

Según Crispiano Adames, la iniciativa de ley prohíbe a los funcionarios, amenazar, chantajear y extorsionar, de manera directa o indirecta a cualquier persona o empresa. Además no se podrá utilizar ningún cargo para influir en las decisiones de otra persona, con el propósito de expandir sus intereses particulares.

Los miembros de la Comisión aseguran que de aprobarse el proyecto se revisarán las diferentes denuncias por nepotismo, que se han registrado durante la actual administración de gobierno.