Las promesas por cumplir de Laurentino Cortizo

A un año del inicio de su gobierno, ¿ha cumplido Laurentino Cortizo con sus promesas de campaña?

Encabezando la lista de promesas estaba “dotar a Panamá de un nuevo orden Constitucional”.

Se presentó a la Asamblea Nacional un paquete de reformas fruto de la Concertación Nacional. Esas reformas quedaron en nada luego de ser modificadas por la Asamblea Nacional. Panameños y panameñas se lanzaron a las calles a protestar contra cambios que consideraban injustos. Las declaraciones homofóbicas de uno de los diputados oficialistas llegaron incluso a poner a Panamá en los titulares internacionales.

Hace ya 7 meses, en diciembre de 2019, Cortizo pidió entonces a la Asamblea Nacional (controlada por su partido PRD), que retirara las reformas, y adelantó que trabajaría con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en un nuevo diálogo nacional. Desde entonces, el tema permanece en el limbo. Se desconoce si se llamará a una Asamblea Constituyente, o que será de ese “diálogo nacional”.

El mandatario también prometió reformar la Ley de Contrataciones Públicas. A pocos días que se confirmara el primer caso de coronavirus en Panamá, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley que modifica las contrataciones públicas.

Constructora Odebrecht, que confesó haber pagado millones de dólares en sobornos en Panamá, podrá seguir contratando con el Estado, así como cualquier otra empresa que haya hecho acuerdos judiciales hace más de 5 años. En mayo, en medio de la pandemia sanitaria, Cortizo sancionó el proyecto de Ley.

Cortizo anunció desde el inicio que su plan para las finanzas públicas sería “Austeridad con Eficiencia”. Por ello, se hizo un reajuste de 1,483 millones de dólares al presupuesto estatal. A causa del Estado de emergencia, se aplicaron aún mayores recortes a distintas instituciones como la Universidad de Panamá.

Por otro lado, Panamá ha emitido más de 4 mil 500 millones de dólares en bonos en el mercado internacional y un préstamo por 300 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo.

La estrategia económica se apoyó fuertemente en incentivar el modelo de Asociaciones Público Privadas, para lo cual se aprobó una nueva legislación.

Por otro lado, el gasto en planilla aumentó.

La planilla estatal, a marzo de 2020, era de 233,218 funcionarios. Esto representa 2,329 que los registrados en marzo de 2019, según cifras de la Contraloría General de la República. A pesar de haber menos funcionarios, el gasto en sueldos aumentó 17 millones de dólares en comparación al año anterior.

En marzo, se pagaron 358.4 millones de dólares en sueldos a funcionarios del Gobierno Central. No se conocen aún cifras de los meses siguientes, tras el anuncio del estado de emergencia.

La Educación sería la gran estrella del gobierno, según anunciaban consignas políticas de Cortizo. La crisis ha puesto a prueba las palabras del presidente. Alrededor del país, los colegios cerraron sus puertas y se vieron forzados a apoyarse en plataformas digitales.

Los resultados fueron mixtos, ya que no todos los colegios contaban con la misma capacidad para adaptarse al cambio, y en el sistema público muchos estudiantes no tienen fácil acceso a estas herramientas.

Luego de un período de incertidumbre inicial, en el que los colegio pidieron indicaciones claras al Ministerio de Educación, las clases continúan digitalmente donde es posible, mientras se elaboran recursos físicos para quienes lo necesiten.

Hasta ahora, es difícil cuantificar el efecto en la calidad de la educación. Unicef ha advertido que se evidenciaran muchos en los próximos años.

En materia de transparencia, Cortizo había prometido que no habría “intocables”. Sin embargo, los ministros de la Presidencia y de Obras Públicas, los más cuestionados por aprobar polémicas contrataciones estatales, permanecen en sus puestos.

Sobre el ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, bajo cuya dirección se aprobó la compra de ventiladores con un sobrecosto de 900% sobre el precio del mercado, Cortizo declaró que no consideraba moverlo de su puesto. Tampoco a Rafael Sabonge, cuestionado por el Hospital Modular Panamá Solidario. En cambio, pidió la renuncia de las ministras de Salud, Desarrollo Social y Vivienda.