Defensoría acredita vulneración de derechos humanos durante enfrentamiento en Barro Blanco

La Defensoría del Pueblo, luego de un análisis de todos los hechos acaecidos a finales del 2021, durante un enfrentamiento entre pueblos originarios de la etnia Ngäbe Buglé y miembros de la Policía Nacional, acreditó la violación a los derechos humanos fundamentales; específicamente contra la Niñez y la Integridad Personal de tres niños que fueron impactados con proyectiles de goma, así como a tres adultos (uno de ellos que perdió la visión) por ende se dio la apertura de una queja.

“Rechazamos el uso excesivo de la fuerza por la Policía Nacional, recordando que tienen el deber de proteger la vida, integridad personal y bienes de todas personas en el territorio nacional, sin distingo de raza, clase social, sexo, religión o ideas políticas y reitera la disposición de la Defensoría del Pueblo de capacitarlos en derechos humanos”, expresó una nota de la Defensoría.

Se recomendó a la juez de paz del corregimiento de Barro Blanco que es necesario salvaguardar la seguridad de niños, niñas y adolescentes, por ello siempre deben contar con la presencia de personal de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, así como miembros de la Policía Nacional de Niñez y Adolescencia; mientras que las actuaciones deben estar en el marco del respeto de las garantías del niño como lo describe la Convención de los Derechos del Niño e insta a que todos los funcionarios de la citada Casa de Paz sean sensibilizados en esta materia y en la Ley 285 que crea el sistema de garantías y protección integral.

La Defensoría del Pueblo recordó a los directivos del hospital Rafael Hernández de David que están obligados a denunciar los delitos de acción, de modo que su intervención sea de garantizar el derecho inalienable en cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de la Constitución Política de la República de Panamá al tiempo que exhorta al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía de Tolé sean garantes de los derechos fundamentales de toda la población y de los pueblos originarios.

Mientras que para los padres de familia, la Defensoría les advierte que la práctica de usar a los niños, niñas y adolescentes como escudos en los conflictos y enfrentamientos entre la comunidad y la Policía Nacional, puede acarrear responsabilidades penales al poner el riesgo la vida e integridad física, sicológica y moral, tal como lo estipula la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Familia y la Ley 285 que crea el sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Con relación a la propiedad privada la Defensoría del Pueblo, insta a las comunidades a respetar este derecho inalienable establecido en los artículos 47, 48 y 49 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Se les solicita en un plazo no mayor a 30 días calendario a todas las instituciones relacionadas con esta resolución, entregar los argumentos de la aceptación o no de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.