Desalojo en Paso Canoas termina entre amenazas y detenciones

Luego de arrestos, empujones, amenazas y anuncios de demandas penales, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), por orden de la gobernación de Chiriquí, ejecutó el desalojo y demolición de unos seis locales comerciales y las oficinas administrativas de la empresa concesionaria del transporte Frontera Fincas (Frofin) en Paso Canoas, frontera común de Panamá con Costa Rica en el distrito de Barú.

La acción de desalojo se llevó a cabo el pasado 26 de julio, tras disputas por el uso de la servidumbre pública entre las empresas de transporte Frofin y David Frontera (Dafront).

Tras la orden directa del Ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena y del Gobernador Hugo Méndez, maquinarias contratadas por directivos de la empresa Frontera David, procedieron a las acciones de demolición, que intento ser impedida por los transportistas de las fincas, lo que motivó el arresto de al menos cuatro de estos transportistas y dueños de buses.

Los aprehendidos fueron llevados al cuartel de Paso Canoas, en donde permanecieron por varias horas. Alfredo González, Jefe del Batallón Occidental del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), aseguró que fueron tratados según el reglamento y las leyes, rechazando se haya utilizado fuerza no adecuada o se les haya herido.

Las dos concesionarias tienen años en una disputa por el uso de la servidumbre, que según los directivos de Frofin, han utilizado desde hace más de 35 años.

"Lo que queremos es mejorar el servicio, que se ve afectado por la ubicación de algunos locales edificados de forma ilegal sobre la servidumbre, afectado a los usuarios", dijo Froilán Matos, de los transportistas de David Frontera (Dafront).

Funcionarios de asesoría legal del alcalde de Barú, Franklin Valdés, dijeron que no se siguió el procedimiento administrativo, al expresar que el MOP violó la ley, porque se les puso de conocimiento de un recurso de inconstitucional promovido ante la Corte Suprema de Justicia, que debía paralizar las acciones de desalojo.

Ambas partes aseguran que sólo buscan el beneficio de sus usuarios que deben tener acceso a los buses a sol y agua, según el clima imperante en el momento.