Recomiendan al Ejecutivo derogar decreto de jubilaciones especiales a policías

El Decreto Ejecutivo N°302 sobre jubilaciones especiales de los miembros de la Policía Nacional (PN), que pasan a ocupar cargos en el Ejecutivo generó un intenso debate en los diferentes sectores de la sociedad y la gran mayoría de los panameños piden al Gobierno que lo derogue, tal como se debatió este domingo 11 de septiembre en el programa Radar.

El régimen de jubilaciones especiales de la PN data del año 1997, cuando se aprobó la Ley N°18 (del 3 de junio de 1997), durante el Gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares.

El decreto causó que el abogado Ernesto Cedeño presentara ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pasado miércoles 6 de septiembre, una demanda de nulidad.

Sin embargo, el viceministro de la Presidencia Salvador Sánchez justificó la iniciativa y dijo que la motivación del decreto es asegurar el régimen favorable a las personas que optan desde la carrera pública de policías para incorporarse a responsabilidades en el sector de la administración general del Estado.

En tanto, Miguel López, subdirector de Migración y una de las personas beneficiadas con el decreto manifestó que es de reciente data el desempeño en cargos públicos por oficiales de la PN fuera del ámbito exclusivo de este ente de seguridad.

“Si bien la norma podía ser clara para los que estaban dentro de la policía no hacía referencia para los que prestasen el servicio fuera de ella y es a través del decreto que se llena el vacío de indicar un punto de inicio y de llegada tras cumplir 30 años de servicio y no se vea desmejorada su condición”, según López.

Preocupación en la sociedad civil

Para el abogado Ernesto Cedeño “no se puede tomar una decisión con un acto administrativo para favorecer a unos pocos o desfavorecer a unos cuantos. Eso es una desviación de poder”, recalcó.

Agregó que el poder Ejecutivo no puede modificar una disposición legal por virtud del Decreto N°302 para beneficiar a un grupo de personas.

El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado manifestó su preocupación e inquietud de que se establezcan “distinciones”, porque la norma establecida para militares existía en otros tiempos y abarcaba a bomberos, enfermeras y una cantidad de jubilaciones especiales, que fueron siendo muy costosos para el erario público.

“Además establece una especie de ventajas para determinadas personas, no en función del servicio público, sino en función de la persona que va a ejercer el cargo público”, indicó el exmagistrado.

Agregó que la nación no puede poner atractivos a los miembros de la policía para que sirvan en un cargo.

Para Márquez Amado se está estableciendo una especie de “filón de mina, donde el Ejecutivo va a poder ir a buscar los minerales que quiera al servicio de las fuerzas de seguridad panameña”.

El exmagistrado dijo que no se pueden tomar decisiones sin consultar al pueblo panameño porque en el pasado se ha tenido que corregir derogando esas iniciativas “especiales”.

En tanto, Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro justicia indicó que hay una cantidad de funcionarios de la PN que pasan a formar parte de las instituciones del Ejecutivo.

Castillo enumeró cargos como: Ministro de Seguridad, director y subdirector de Migración, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el director del Sistema Penitenciario, que son ocupados por policías.

Según Castillo, hay comisionados que ganan jugosos salarios de varios miles de dólares.

La planilla de la Policía Nacional incluye 106 comisionados, que para Castillo es un peso enorme para el erario público.

“Este decreto lo que ha despertado es una preocupación por lo que está pasando en nuestra policía y en nuestras instituciones del Estado”, consideró Castillo.

Pidió que se derogue el decreto y se revisen los salarios en la PN.

¿Dónde radica el problema?

Ebrahim Asvat, exdirector de la PN dijo que el problema radica en querer resolver una situación en particular dentro de dicha entidad de seguridad.

“Los servicios policiales son instituciones muy cerradas y que tienen un régimen disciplinario, que tienen un escalafón y lo que la sociedad espera es que tengan una continuidad en el servicio policial. Eso es y a eso obedece que haya una jubilación especial, entre la cual está, que cuando salen de la institución después de haber completado un periodo de tiempo prestando el servicio, entonces se jubila con el último salario”, destacó.

Asvat manifestó que el que sale de la institución por cualquier otra razón o destituido ya no entra en ese régimen de jubilación especial.

Incluso, el exdirector de la PN dijo que hay casos en que se ha restituido a quienes habían sido destituidos de la entidad y se ha roto esa disciplina.

Calificó de error el decreto y la idea de otorgar cargos políticos a personas con carreras militares.

Para Asvat el Ministerio de Seguridad jamás debió pasar a manos de un policía, sino que debió mantenerse para una persona civil.

En tanto, el subdirector de Migración dijo que hay mecanismos de pronunciarse ante las disposiciones legales que las personas crean que están “erradas”, por lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia pronunciarse al respecto.

Esto último, tras la demanda realizada por el abogado Cedeño.

La mayoría de los especialistas que representan a la sociedad civil reconocen que es necesario derogar el decreto y que se abra un debate para apoyar a los policías en su trabajo, pero que no se salga de la mano por un grupo privilegiado.