'Panamá no tiene una política pública de seguridad desde el 2007', según experto

El sociólogo Alexander Alleyne, dijo que Panamá no tiene políticas públicas en materia de seguridad, sino estrategias.

Afirma que el último intento de establecer políticas públicas en materia de seguridad se dio en el año 2007 bajo los lineamientos de la política criminológica.

De acuerdo con Alleyne, las estrategias se han centrado solo en la institución policial y se ha dejado de lado a los demás estamentos de seguridad.

Por otra parte, consideró que la cantidad de cambios que se han dado en el Ministerio de Seguridad en la actual administración, afectan de una manera u otra el rendimiento de los instrumentos que se tengan para combatir la criminalidad.

Destacó que en la actualidad hay 66 mil 108 causas abiertas en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), por lo que cabe cuestionar qué es lo que se está haciendo en materia de seguridad.

El experto resaltó que hay iniciativas para bajar la imputabilidad en caso de legítima defensa y también se tiene que revisar el tema de la ley de armas.

Cree que cada institución debe tener un centro de investigación del objeto de estudio para que se pueda analizar toda la información que se genera, de acuerdo a cada caso y crear iniciativas de prevención.

Altos de Los Lagos

Sobre el tema de Altos de Los Lagos, Alleyne dice que no se aprendió del modelo de Curundú, que es prácticamente el mismo y lo que se ve es que no basta solo con dar una respuesta habitacional a las personas.

Dice que se tiene que formar a la población y diagnosticarla y a partir de allí apuntar lo que necesitan para mejorar su nivel de vida, ya que cuando los trasladan, en este caso desde el centro de Colón se trasladan también los problemas.

“Hay comenzar y diseñar modelos efectivos porque estamos perdiendo y todo va más allá de los números”, afirma.

Criminalidad

Resaltó que hasta el mes de septiembre del 2018, el 68% de los homicidios son con armas de fuego y el 12% con arma blanca, lo que deja ver que algo está sucediendo sobre todo cuando se tiene una ley de regulación de importación de armas.

También mencionó que hay un desgaste físico y sobrecarga de trabajo a la entidad policial cuando hay otras entidades que pueden hacer un trabajo de prevención desde las comunidades.