Reconocen desigualdad en financiamiento entre partidos políticos e independientes

Los magistrados del Tribunal Electoral reconocen que los precandidatos por la libre postulación están en desventaja frente a los partidos políticos. Señalaron algunos aspectos que hay que revisar en el Código Electoral, entre ellos la distribución del financiamiento público.

De acuerdo con el Código Electoral, se otorga un financiamiento de 3.5% para todos los precandidatos de libre postulación y 96.5% para los partidos políticos.

“Siguen estando en desventaja frente a los partidos políticos que tienen toda una estructura, una organización y más recursos”, reconoció Heriberto Araúz, magistrado del Tribunal Electoral.

El otro aspecto desventajoso tiene que ver con que solo los tres independientes con mayor número de firmas serán considerados candidatos presidenciales.

“Quedará pendiente de una reforma en la Asamblea. Que la Asamblea decida si cambia ese artículo y en vez de 3 permita 6, o más candidatos a la Presidencia de la República”, acotó Araúz.

Este artículo del Código Electoral, demandado por inconstitucional, también viola normas internacionales, según el exfiscal electoral, Boris Barrios.

“El Código Electoral está violentando el artículo 23. Panamá puede ser condenada en la Corte Interamericana por violación a los derechos humanos contra candidatos por la libre postulación”, apuntó Barrios.

Los precandidatos Dimitri Flores y Ricardo Lombana reconocen que conocían las desventajas de la norma y aun así decidieron participar.

“Esas son las reglas, entramos al juego con esas reglas. Estamos demostrando que a pesar de eso, la ciudadanía está apoyando a los candidatos por la libre postulación que están haciendo las cosas de la forma correcta”, declaró Lombana.

“Es una gran desventaja pero nos llena más de fuerza. Es un reto para nosotros llegar a la Presidencia con todas las desigualdades que hay”, manifestó Flores.

Los precandidatos independientes sostienen que la equidad de la norma electoral debe empezar con un mejor balance de participación en la Comisión de Reformas Electorales, donde los partidos políticos son mayoría.