Acuerdos de pena y modificaciones a la ley de contrataciones públicas en Radar

Luego que tres empresas, todas involucradas en casos de corrupción, pero con acuerdos de colaboración, compitieran por la realización de una carretera en Chiriquí, nuestros invitados a Radar intentaron desenredar un nudo histórico que ata a nuestro país.

El Doctor Jorge Ritter inició la discusión al señalar que, para los ciudadanos es difícil comprender cómo empresas en situaciones como esta, pueden seguir participando de los procesos públicos, en especial, cuando no se sabe qué aportaron en esos acuerdos.

Se contribuye a la sensación de “aquí no va a pasar nada”.

A pesar de las promesas, se siguen otorgando contratos estatales a compañías deshonestas, como es el caso de Bagatrac, empresa que gano una licitación en Chiriquí y al mismo tiempo está involucrada en el caso de corrupción “Blue Apple”.“Blue Apple”

El doctor Ritter apuntó, que situaciones como esta generan disgusto y desconfianza en la población, e indagó sobre la posibilidad de conocer los detalles de estos acuerdos de carácter privado que se dan con los organismos de justicia.

Herramientas para la impunidad o para la búsqueda de justicia.

Juan Carlos Arauz, presidente del colegio de abogados, explicó que los acuerdos, ya sean de colaboración o de pena, se dan en casos especiales, y lo que hace falta, desde el punto de vista institucional, es que esa información se haga pública para que se entienda que el Estado también recibió algo a cambio. Finalmente, se debe dar una valoración a estas concesiones, no como herramientas de impunidad sino, como ayudas al estado.

Medidas esenciales en la lucha contra la corrupción

Gabriel Silva, Diputado independiente, expresó que por casos como estos es que las medidas que se están presentando son tan importantes. El diputado aclaró que, aunque las modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas no la hacen una ley anticorrupción, los artículos como el de la inhabilitación de empresas, la vuelven un paso esencial en la lucha contra la corrupción.

Silva, también declaró que los acuerdos de estas empresas deben ser públicos, no solo por la transparencia de las instituciones del Estado, sino además, por un interés educativo, ya que el acceso a esta información sería una gran herramienta para estudiantes de derecho y de otros temas similares.

El proyecto está lleno de buenas intenciones, pero puede no ser suficiente.

El Profesor Carlos Gasnell señaló que, aunque estas medidas son un buen primer paso y se están presentando artículos innovadores, esto podría no ser suficiente.

Gasnell cuestionó la posibilidad de que “los nuevos Odebrecht” vengan al país y señaló que es importante agregar una forma de evitar los sobrecostos, una de las principales formas de corrupción.