El CSN y su responsabilidad en la recolección de datos para hacer investigaciones

Recientes cuestionamientos amenazan con seguir debilitando el sistema de justicia, al igual que el papel del Consejo Nacional de Seguridad (CSN) y la independencia del Ministerio Público (MP) para realizar investigaciones y este domingo un grupo de expertos analizan las salidas existentes para recuperar la credibilidad en la institucionalidad.

El excanciller Jorge Eduardo Ritter partió por decir que es frecuente que el Gobierno contrate firmas de abogados y no se comete ninguna falta en hacerlo, sino que en estos momentos todo gira en torno a la figura del Consejo de seguridad, lo que puede y no puede hacer.

Agrega que se debe establecer si es pertinente que las firmas de abogados que se contraten lleven o no información del Consejo de Seguridad.

De acuerdo con el abogado Carlos Raúl Molina, la contratación de un abogado especialista no debe ser considerada irregular ya que pasa con frecuencia para la consultoría de diversas entidades del Estado, donde no tiene por qué haber penalistas.

Es normal que se recurra a la contratación de personal externo cuando se trata de un tema que lo requiera, dijo.

Asegura que lo serio de los reportajes publicados en el diario La Estrella de Panamá, no es el contrato del Estado con la firma de abogados Saltarín, Arias y Asociados sino que todo gira en torno a la participación del Consejo de Seguridad en temas de investigaciones penales por delitos de corrupción, porque no es el rol de la entidad.

Resalta que el Estado reaccionó tarde a las publicaciones que hizo el medio de comunicación, diez días después y esa tardanza genera suspicacias, aparte el comunicado emitido no dice nada sobre los puntos importantes y se responden cosas que son irrelevantes.

El representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, coincide con Molina al decir que el comunicado del Estado no responde los puntos más delicados.

Agrega que en la última modificación que hizo el gobierno anterior, se convirtió el Consejo de Seguridad en un “consejo de inteligencia”.

Lee plantea que se trata de entidades muy distintas, ya que la finalidad de un consejo de seguridad es buscar los elementos que generen seguridad al Estado, fundamentalmente con relación a alguna amenaza externa, pero el propósito que marcó el cambio radical que hizo el expresidente Ricardo Martinelli, fue convertirlo en una instancia de inteligencia que no está regulado y eso es lo grave.

“El actual Gobierno no ha tenido la capacidad de transformar el servicio de inteligencia, para que los ciudadanos puedan entender la función que tiene una agencia de inteligencia y que dicho sea de paso se puede justificar su existencia…”, recalca Lee.

Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), dijo que se tiene que ver el contenido del contrato y el informe de la obligación que se daba dentro del contrato, además se tienen que pedir los resultados.

El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, puntualizó que en cada uno de los decretos en los que se modifica la figura del Consejo de Seguridad, se establece la función de intercambiar información relevante con el MP para combatir entre otras cosas, la delincuencia.

Es decir que no hay nada “exótico” ni irregular en que el Consejo de Seguridad tenga un papel en las investigaciones, asegura Guido Rodríguez.

De acuerdo al fiscal de cuentas, la institución que dirige no lleva las investigaciones por los casos de Odebrecht, Blue Apple, Financial Pacific y el de la Caja de Ahorros porque allí no hubo lesión patrimonial.

En las otras investigaciones que llevan a cabo, los casos suman 304 millones de dólares aproximadamente y detalla que han acumulado en una sola, las79 investigaciones de las Juntas Comunales.

Son en total 36 investigaciones de las cuales se han presentado 28 vistas fiscales, más otras cinco de las juntas comunales. Se han recibido siete confirmaciones de llamamiento a juicio y hay otras que están en revisión porque se han dado discrepancias con los tribunales.

Rodríguez afirma que le llamó la atención la “algarabía” que se formó con las publicaciones del Diario La Estrella de Panamá, porque el Consejo de Seguridad sí tiene la función de colaborar con el MP en las investigaciones contra la delincuencia.

Agregó que el 95% de las investigaciones están sustentadas, en informes de auditoría de la Contraloría General de la República.

Sugiere que sí se debe hacer una auditoría a fin de determinar si dentro del marco de la legalidad, se hicieron las investigaciones, porque el Consejo de Seguridad tiene limitación en sus atribuciones, como inmiscuirse en la vida privada de las personas o hacer pinchazos.

El representante de la juventud ante la Concertación Nacional, Freddy Pitty manifestó que sí hay un fundamento para la “algarabía” y la manera en la que se ha manejado el Gobierno con tanta opacidad genera dudas en la ciudadanía, ya que las personas con la información que les llega y sin conocer los procesos, empiezan a incrementarlas.

También resalta que lo importante de todo es que se llegue a un final de todo y se sepa cómo se dieron los esquemas de corrupción y que las personas involucradas reciban su castigo.

Jaime Raúl Molina resalta que no se puede dejar de lado la ilegalidad, ya que darle a un ente de inteligencia, que responde al presidente, facultades de investigación de delitos comunes, no es lo correcto, ya que es peligroso y preocupa.

Molina dijo que los reportajes que se publicaron en el Diario La Estrella no generan nulidad de los procesos.

En el caso de que se compruebe una injerencia indebida en los casos de alto perfil, según el abogado Molina.