Informe 'Gabela' crucial para esclarecer asesinato bajo el Gobierno de Correa

El levantamiento del secreto de confidencialidad al perito argentino Roberto Meza, ordenado por el presidente Lenín Moreno, no aporta por ahora demasiado al esclarecimiento del asesinato del general Jorge Gabela en 2010, que podría salpicar al Gobierno de Rafael Correa.

La muerte del exjefe de la Fuerza Aérea, que había denunciado corrupción en una compra de helicópteros indios Dhruv, es otro polémico caso que atañe a la clase política ecuatoriana, incluidos varios miembros y colaboradores del Ejecutivo del expresidente que gobernó entre 2007 y 2017.

Ramiro Román, abogado de Patricia Ochoa, viuda de Gabela, está seguro de que este es un caso de derechos humanos y no de "delincuencia común" como se estableció tras el crimen del militar en diciembre de 2010, cuando apareció muerto en el vestíbulo de su casa, asesinado supuestamente por ladrones.

En declaraciones a Efe, el letrado cree que la decisión del presidente Moreno esta misma semana de levantar el sigilo sobre el contrato con el perito y sus restricciones de confidencialidad, ha empezado a "subsanar" el derecho humano a la verdad.

Pero requiere, además, la documentación en poder de las autoridades porque Meza asegura que, por una de las cláusulas del contrato, no estaba autorizado a guardar copias de la pericia.

En ese sentido, lo que la familia Gabela exige es que se levante también la confidencialidad "sobre toda la documentación", especialmente sobre las investigaciones de la Contraloría sobre la compra de los helicópteros, que para él es la piedra angular de la indagación sobre lo que denomina "ejecución del general Gabela".

"El anexo de los Dhruv es muy importante, porque aparecen nombres y apellidos y, si el móvil fue ese, hay que saber qué pasó", añadió el letrado, que lleva otros casos polémicos en Ecuador.

Además, Román pide que el perito Meza -quien elaboró un informe sobre el caso Gabela con una parte concluyente curiosamente extraviada- debería regresar al país para que revele las conclusiones de su investigación.

La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso informó el viernes de su intención de llamar a Correa a prestar testimonio, después de que el exministro coordinador de Seguridad Fernando Cordero rindiera su versión y estableciera conexión entre el asesinato y los helicópteros.

Cordero sostuvo que todo el material de la investigación era del conocimiento de la Presidencia.

Román cree además que se debe dar paso a una reconstrucción de los hechos y a nuevos peritajes.

"Esto recién comienza (..) Este es un caso de derechos humanos", remarcó al precisar que en una investigación inicial de la Fiscalía "nunca apareció el (hombre) que asesinó al general Gabela, que también fue asesinado".

En este proceso deben comparecer entre muchos otros el perito Meza, los exministros que formaron parte del Comité Interinstitucional que indagó sobre el caso e incluso el exsecretario jurídico de la Presidencia en el tiempo de Correa, Alexis Mera, añadió el abogado.

Con esa nueva indagación, otra reconstrucción de los hechos y nuevos peritajes está de acuerdo la viuda de Gabela, quien aseguró en declaraciones a Efe que ha esperado más de siete años para conocer la verdad.

"Lo preocupante aquí es la desaparición de la documentación" sobre el informe que realizó el perito Meza, clave en el caso, dijo Ochoa y aseguró que en la actualidad lo importante es que se vuelva a reconstruir este caso en su totalidad.

La viuda también apunta al expresidente Correa y asegura que este debe dar la cara por haber ordenado la investigación del crimen del general, pero no revelado el contenido del informe final de la investigación.

En junio de 2015, Correa confirmó que había recibido el informe pero "no lo entregó a la familia", y por ello "debe dar la cara porque incumplió su propio decreto" en el sentido de que debía hacer público el resultado de la indagación.

Además, el hecho de que se formara un Comité Interinstitucional para ayudar en la indagación y tratar el caso, organismo compuesto por altas autoridades y ministros de entonces y que los documentos claves no aparezcan, es motivo de preocupación para la familia Gabela.

"¿Qué clase de funcionarios tuvo el Ecuador para investigar el caso del asesinato de un ser humano?", se preguntó indignada la viuda.

"Lo que quiere la familia Gabela es (la) verdad (...) después de más de siete años de implorar justicia", añadió Ochoa que considera que la "justicia tardía no es justicia".