Ariana Grande logra avance judicial para identificar a responsables de filtrar su música inédita
El resultado dependerá de los registros obtenidos de terceros y de su capacidad para conectar las operaciones digitales investigadas con personas identificables.
Ariana Grande consiguió un avance judicial en su batalla contra las filtraciones de música inédita después de que un tribunal de Los Ángeles autorizara a sus abogados a acelerar la búsqueda de información destinada a identificar a las personas presuntamente responsables del robo y comercialización de archivos privados de la artista.
La decisión permite que el equipo legal solicite anticipadamente datos a plataformas de internet y otras empresas que podrían conservar registros relevantes sobre los responsables. Normalmente, este tipo de diligencias está sujeto a un periodo de espera, pero las circunstancias del proceso llevaron al tribunal a permitir que la investigación avance sin agotar ese plazo.
Grande presentó la demanda en julio contra varios individuos cuya identidad todavía se desconoce. Por ese motivo, fueron registrados provisionalmente como “John Does”, denominación utilizada en el sistema judicial estadounidense para referirse a demandados que aún no han podido ser identificados formalmente.
De acuerdo con la reclamación, personas pertenecientes al círculo cercano de la cantante habrían sufrido ataques dirigidos contra sus dispositivos electrónicos. El objetivo habría sido acceder sin autorización a canciones todavía sin publicar, fotografías y otros archivos personales vinculados con la estrella estadounidense.
Los documentos judiciales sostienen que parte del contenido obtenido ilegalmente habría terminado comercializándose en diferentes espacios de internet, incluido el denominado dark web. Los archivos supuestamente fueron ofrecidos a cambio de importantes cantidades de dinero, convirtiendo las filtraciones en una actividad con finalidad económica.
Ante la ausencia de nombres concretos, los representantes legales solicitaron permiso para emitir citaciones dirigidas a terceros que podrían aportar información técnica y registros relacionados con las operaciones. El propósito es reconstruir el recorrido digital de los archivos y conseguir datos que permitan establecer quiénes participaron en su obtención y posterior distribución.
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El juez Mark H. Epstein autorizó la petición el miércoles 19 de agosto. Su determinación permite evitar el periodo ordinario de 20 días aplicable al procedimiento, debido precisamente a que Ariana Grande todavía desconoce la identidad de los demandados y necesita información externa antes de poder notificarlos formalmente.
La resolución establece que esperar ese periodo no permitiría avanzar de manera efectiva, pues primero resulta necesario acceder a los registros que puedan conservar las compañías involucradas. Con la autorización, los abogados podrán intentar obtener información capaz de conducir hasta las personas mencionadas provisionalmente en la demanda.
Una vez determinadas las identidades, el proceso podrá avanzar hacia la notificación formal de los presuntos responsables y continuar bajo los mecanismos judiciales correspondientes. La estrategia busca esclarecer tanto las intrusiones denunciadas como la distribución y posible venta de los materiales sustraídos.
La cantante sostiene además que las filtraciones no corresponden a un incidente reciente ni aislado. Según su reclamación, el problema se ha desarrollado durante varios años y ha incluido la aparición en línea de numerosas grabaciones que nunca habían sido publicadas oficialmente.
Uno de los episodios destacados ocurrió en 2023, cuando habrían circulado en internet hasta 45 canciones inéditas de Ariana Grande. Entre los títulos difundidos aparecieron “Fantasize”, “That Bitch Is Mine” y “White Tee”, materiales que llegaron al público sin formar parte de un lanzamiento autorizado por la artista.
Las filtraciones de canciones inéditas representan desde hace años un desafío para la industria musical, especialmente por el almacenamiento y circulación digital de grabaciones durante sus procesos de producción. Accesos ilegales a dispositivos, cuentas o servicios pueden permitir que archivos todavía confidenciales terminen distribuidos antes de los calendarios establecidos por artistas y compañías.
En el caso de Grande, la demanda añade un componente económico a las acusaciones. Su equipo sostiene que quienes accedieron al material no se limitaron a divulgarlo, sino que habrían utilizado servicios digitales para vender contenido robado.
La autorización judicial abre ahora una fase decisiva para determinar quién estaría detrás de las filtraciones.