Un juez dicta prisión contra ocho políticos y empresarios dominicanos por Odebrecht

Un juez dictó hoy prisión preventiva contra ocho políticos y empresarios dominicanos, entre ellos el ministro de Industria y Comercio y el presidente del principal partido de oposición, por su presunta implicación en los sobornos que Odebrecht pagó para lograr contratos de obras públicas.

Para el ministro Temístocles Montás, el juez Francisco Ortega impuso seis meses de prisión preventiva, igual pena para el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, y un año para el empresario Ángel Rondón, acusado de ser quien distribuyó los sobornos.

El pasado 29 de mayo, pocas horas después de ser detenido junto a otros nueve políticos y empresarios, Montás puso su cargo a disposición del presidente dominicano, Danilo Medina, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el caso.

El juez Ortega, designado para conocer el caso de los 14 imputados del soborno de 92 millones de dólares pagados por Odebrecht entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras del Estado, dictó también entre tres meses y 9 meses de prisión preventiva para cinco de los implicados, mientras que para otros dos exfuncionarios impuso arresto domiciliario.

Entre los 14 implicados por este caso, que ha golpeado a los dos principales partidos políticos del país, hay dos senadores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un diputado del PRM, que tienen inmunidad parlamentaria.

Para los legisladores, cuyas respectivas cámaras ya han iniciado el trámite para decidir si les retira o no la inmunidad, Ortega decidió una medida de coerción consistente en impedimento de salida y una fianza de 5 millones de pesos (unos 105.200 dólares).

Otro de los imputados es Bernardo Castellanos, que está fuera del país y ha informado de que regresará para enfrentar las acusaciones, aunque esto no se ha producido.

El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos los imputados.

De la sede de la Suprema Corte de Justicia, donde se celebró la audiencia, que se había aplazado en varias ocasiones, los imputados fueron trasladados a la cárcel del Palacio de Justicia, donde han permanecido desde que fueron arrestados el pasado 29 de mayo.

Las detenciones se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en pagos ilegales.

Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño.

Al grupo, que ha negado durante las audiencias vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Los imputados tienen un plazo de 20 días para recurrir el fallo del juez, que otorgó un plazo de 8 meses a la Procuraduría para que amplié las investigaciones sobre este caso.

Tras conocer la decisión del magistrado sobre las medidas de coerción, el procurador Jean Alain Rodríguez, calificó la sentencia como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

En un comunicado, Rodríguez señaló que la decisión de imponer medidas de coerción contra los implicados en este caso, evidencia que existen suficientes elementos preliminares que comprometen la responsabilidad de cada uno de ellos.

Por su parte, el movimiento social "Marcha Verde", que ha organizado multitudinarias marchas en diferentes ciudades del país desde que estalló el escándalo hace cinco meses, dijo hoy que el Ministerio Público "está obligado a investigar y someter a los demás responsables de los sobornos, las sobrevaluaciones, la licitación de (la termoeléctrica) Punta Catalina y el financiamiento ilícito de las campañas electorales".

También hizo un llamado a mantener la movilización en las calles como la única garantía de que el caso Odebrecht llegue hasta las últimas consecuencias y se convierta en el inicio del fin de la impunidad en la República Dominicana.