Rubio lanzará un dura advertencia a la Corte Penal Internacional

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, se prepara para emitir el viernes una dura advertencia a la Corte Penal Internacional (CPI) para que no intente aplicar normas que Washington no reconoce.

Se espera que el secretario de Estado dé las declaraciones ante la Convención Nacional de Abogados de la Federalist Society, y cuyos apartes vio anticipadamente la AFP.

Esto ocurre cerca de un mes después de que Washington anunció sanciones contra la CPI, en las que prometió paralizar las operaciones del tribunal. Su discurso ante este grupo conservador marca también su primera gran intervención en Estados Unidos desde la abrumadora derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato el 3 de este mes.

Rubio es visto como un posible sucesor del presidente Donald Trump, aunque ha rechazado los reportes de que plantea salir del gobierno para preparar una candidatura para 2028.

El funcionario dijo anteriormente que Washington prohibiría las transacciones con lo que calificó de "tribunal fuera de control", lo que intensifica una campaña de larga data del gobierno de Trump contra el organismo con sede en La Haya.

Se espera que Rubio renueve el viernes sus críticas a la CPI, y que la describa como una institución que "no rinde cuentas ante nadie", aunque está "armada con el poder de investigar, procesar y encarcelar a nuestros ciudadanos conforme a leyes que ni consentimos ni controlamos".

Washington prometió anteriormente desmantelar la corte "ladrillo por ladrillo", después de que sus jueces emitieron una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes en Gaza.

Las sanciones anunciadas en octubre entrarían en vigor dentro de seis meses, y los aliados europeos han instado a que este tiempo se emplee en negociaciones.

Estados Unidos firmó el Estatuto de Roma que establece la CPI, pero nunca ratificó el tratado. Israel, Rusia y China tampoco son miembros de la CPI.

La corte, establecida en 2002, procesa a individuos acusados de las atrocidades más graves y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos adecuados para garantizar la rendición de cuentas.