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Publican modificaciones al decreto sobre arrendamientos, procesos de lanzamiento y desalojo
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) publicó en Gaceta Oficial, este lunes 10 de agosto, el Decretó Ejecutivo N° 314 que modifica artículos del anterior Decreto N° 145 que dicta medidas sobre arrendamientos, procesos de lanzamiento y desalojo, durante la pandemia de COVID-19.
Miviot indica en su consideración que “la evolución dinámica de la enfermedad COVID-19 ha producido cambios importantes en los niveles socioeconómicos de la población panameña, que, en materia diferenciada, se traducen en afectación en la actividad de arrendamientos de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes”.
Entre las modificaciones está "suspender todos los trámites de los procesos de lanzamiento y desalojo de bienes inmuebles destinados para uso habitacional, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docente, sin distinción del canon de arredamiento, mientras dure el Estado de Emergencia Nacional declarado por el Órgano Ejecutivo”.
Un artículo de esta modificación señala que “mientras dure el Estado de Emergencia Nacional y hasta dos meses luego del levantamiento de esta medida, los arrendatarios afectados por la crisis económica causada por la pandemia de la COVID-19, que no tengan la posibilidad de pagar si canon de arrendamiento, podrán acogerse" a lo antes mencionado.
“Las obligaciones contractuales, serán exigibles, más no pagaderas sino hasta dos meses después de levantado el Estado de Emergencia Nacional y de acuerdo con lo establecido por las partes en acuerdo privado”, indica la modificación.
También señala que “para garantizar la deuda, el deudor deberá aceptar un pagaré, letras de cambio o cualquier otro documento negociable acordado por las partes”.
La Dirección General de Arrendamiento del Miviot será la encargada de tramitar y decidir las quejas entre arrendador y arrendatario.
El Decreto Ejecutivo tiene la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo y del Ministro de Vivienda, Rogelio Paredes.
