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Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de la polémica y de una posible demanda contra el Acuerdo Municipal 316, la Alcaldía de Panamá anunció que revisará este documento, que establece adecuaciones para garantizar el libre tránsito por las aceras y contempla multas de hasta $5,000 para quienes lo incumplan.
David Tapia, director de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, confirmó que la revisión responde a instrucciones del alcalde [Mayer Mizrachi] y permitirá evaluar los cuestionamientos surgidos tras la publicación de la normativa.
“La alcaldía, a través de las instrucciones del alcalde, ya vamos a entrar a una revisión de todo lo que hemos propuesto”, manifestó.
El funcionario defendió el proceso de elaboración del acuerdo y explicó que se trabajó durante más de un año, con consultas a las comunidades y participación de los gremios. Posteriormente, pasó por la Junta de Planificación Municipal y fue aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal y publicado en la Gaceta No.30646 C.
Nosotros nos sentimos bastante confiados de las consultas que hemos hecho, pero es verdad que una vez se publican estos acuerdos, es que la sociedad entera puede dar un feedback”, expresó.
El anuncio se produce en medio de los cuestionamientos del diputado y abogado Ernesto Cedeño, quien adelantó que presentará una demanda contencioso-administrativa, al considerar que el acuerdo tiene vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad. Cedeño señaló que no se puede invadir la servidumbre, pero cuestionó que se exijan cambios en construcciones que recibieron autorizaciones de las propias autoridades y que sus propietarios deban asumir nuevas inversiones para adecuarlas.
“Lo que tú no puedes [es] cambiar las reglas del juego hoy”, manifestó el diputado, quien advirtió que desconocer permisos otorgados previamente afecta la seguridad jurídica de las inversiones. “Eso no se sustenta en un Estado de derecho, debilita las inversiones”, sostuvo.
No obstante, Tapia indicó que sobre los comercios que ocupan las aceras “realmente debe haber una sanción para empujar a estos comerciantes a no aprovecharse del espacio público, porque es de todos y se toma como privado”.
Con respecto a las quejas sobre las construcciones aprobadas, dijo que “todo lo que está aprobado en lo existente de la línea de propiedad hacia adentro se mantiene”. Aseguró que con esta normativa “la Alcaldía no está buscando recoger dinero aquí”.
Una de las disposiciones que podría corregirse, según Tapia, es el retiro de dos metros para las portacocheras. El funcionario explicó que esta condición estaba dirigida a proyectos nuevos y que se evaluará su aplicación a construcciones existentes, como hoteles.
“Sí pueden probablemente mantenerse en línea de propiedad para los proyectos existentes porque en verdad ese retiro de los dos metros estaba destinado a proyectos nuevos. Esa es una corrección que muy probablemente hagamos”, indicó.
Tapia aclaró que esta exigencia no debe confundirse con una obligación general de retirar dos metros los portones de las viviendas. Sobre los que abren hacia afuera, aseguró que pueden mantenerse, siempre que se cierren inmediatamente y no queden obstaculizando el paso peatonal.
En cuanto a las sanciones, afirmó que no se impondrán multas de forma inmediata y que los propietarios podrán subsanar las irregularidades dentro del procedimiento municipal. También mencionó la posibilidad de solicitar prórrogas.
Una vez tú subsanes los problemas, no se aplica ninguna multa, no es que se atenúa, desaparece”, aseguró.
El director de Planificación Urbana manifestó que uno de los principales objetivos es atender la ocupación de las aceras por comercios como talleres y lavaautos, que utilizan el espacio público para desarrollar sus actividades.
“Realmente debe haber una sanción para empujar a estos comerciantes a no aprovecharse del espacio público, porque es de todos y se toma como privado”, dijo.
Los plazos de adecuación son de 60 días calendario, a partir del 30 de octubre, para corregir irregularidades urgentes, como obstáculos en el paso, pisos resbaladizos, vados mal nivelados o portones e infraestructuras que invaden la acera.
Se establecen seis meses para adecuar los accesos vehiculares y dos años para realizar adecuaciones integrales que garanticen aceras continuas, niveladas y sin escalones.
Tapia explicó que el cumplimiento de estos plazos no implica la imposición de una multa inmediata. Indicó que el municipio realiza un procedimiento a través de la Dirección de Obras y Construcciones, que incluye citaciones y permite a los propietarios solicitar una prórroga.
También aclaró que el retiro de dos metros corresponde a portacocheras, no a los portones de las viviendas, y que se evaluará su aplicación a proyectos existentes.
Sobre las condiciones de las aceras, explicó que la normativa plantea un ancho óptimo de 1.80 metros, aunque permite 1.50 metros para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad o que requieren asistencia. Agregó que pueden evaluarse excepciones ante condiciones particulares, como la presencia de árboles.
También aclaró que no se prohíben todas las baldosas, sino aquellas que carecen de propiedades antideslizantes. El acuerdo publicado en la Gaceta Oficial incluye entre las adecuaciones prioritarias la eliminación de obstáculos que interrumpan el paso peatonal.
Tapia sostuvo que la revisión mantendrá el objetivo de recuperar los espacios públicos y mejorar la movilidad de los peatones. “La ciudad tiene una deuda histórica con el peatón”, expresó.