Bolivia confirma asilo a Saúl Méndez y asegura que no afectará la relación con Panamá
El próximo 6 de agosto, el canciller Martínez Acha, de acuerdo con su homóloga, viajará a Bolivia.
Panamá/El asilo político otorgado por Bolivia a Saúl Méndez, líder del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), “no afecta la relación bilateral con Panamá”, aseguró este lunes la canciller boliviana Celinda Sosa.
Sosa explicó que la solicitud de asilo fue abordada “en el marco de la Constitución Política del Estado y de la Carta de las Naciones Unidas”, destacando que el caso se trata bajo criterios de derechos humanos y protección de la vida.
“Esta situación no afecta en absoluto las relaciones con Panamá”, afirmó la ministra boliviana, al tiempo que señaló que el tema se maneja de forma confidencial.
Se lo está tratando de manera reservada, y en su momento haremos conocer los detalles”, añadió.
Asimismo, la canciller anuncia que la relación bilateral con Panamá se mantiene estable y positiva, e informó que el próximo 6 de agosto se espera la visita oficial del canciller panameño Javier Martínez-Acha a La Paz, donde ambas partes firmarán varios memorandos de entendimiento en distintos ámbitos.
“Tenemos buenas relaciones con Panamá”, reiteró la canciller boliviana.
Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, salió el sábado 19 de julio hacia Bolivia, tras permanecer refugiado durante dos meses en la embajada boliviana en Panamá, a donde ingresó el pasado 21 de mayo, cuando saltó la cerca de la residencia diplomática para evitar una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.
La orden estaba relacionada con una investigación por presunta estafa agravada, vinculada al manejo de terrenos en Isla Bastimentos, Bocas del Toro. El caso forma parte de un escándalo más amplio conocido como Red Frogs, en el que ex trabajadores del proyecto inmobiliario presentaron una querella por el manejo irregular de más de 7 millones de dólares, que les correspondían por una sentencia judicial de 2011.
Sin embargo, dichos montos se redujeron a apenas 3 millones de dólares, según un acuerdo extrajudicial firmado en 2022 entre el Suntracs y la empresa Pilar Construction, lo que generó fuertes cuestionamientos y nuevas denuncias por parte de los afectados.
La canciller Sosa también indicó que la situación de Méndez fue analizada por el Consejo Nacional del Refugiado (Conare), y que su gobierno coordinó el tratamiento del caso con las autoridades panameñas.
“Fue algo que se ha tratado en coordinación con el Gobierno de Panamá”, afirmó, mencionando una reunión previa con el canciller panameño Javier Martínez-Acha.
Añadió que la decisión se adoptó en el marco de las atribuciones que otorga la Constitución boliviana, así como las disposiciones internacionales de derechos humanos, y que el procedimiento “tiene un cierto nivel de reserva”.
