Defensor del Pueblo sobre casos de COVID-19 en las cárceles: 'es preocupante'

Este domingo 27 de septiembre el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, mostró su preocupación tras conocer un informe de la institución que dirige sobre la situación del COVID-19 en las cárceles panameñas.

De acuerdo al trabajo realizado por la Dirección de Privados de Libertad de la Defensoría del Pueblo, unos 2,119 reos de las diferentes cárceles del país han sido contagiados por el virus del COVID-19.

“Es preocupante esta situación a nivel nacional, sobre todo porque ya se ha anunciado la reapertura de visitas y si no se garantiza un real programa de bioseguridad, esto podría ser peor, no solo para los reclusos, también para sus familiares y abogados”, destacó el Defensor del Pueblo a través de un comunicado divulgado por la institución.

Según la documentación elaborada por la institución encargada de velar por los derechos humanos en Panamá, el Centro Penitenciario La Nueva Joya encabeza la lista con 379 contagiados; le sigue el Centro Penitenciario de Santiago con 313 contagiados, con registro de 1 defunción; mientras que en tercer lugar está el Centro Penitenciario de Chiriquí con 252 contagiados y 1 defunción; seguido del Centro Penitenciario de Chitré con 238 casos de contagios registrados y el Centro Femenino de Rehabilitación, con 218 contagiadas.

También está el Centro Penitenciario de Las Tablas con 151 contagios; el Centro de Detención de Tinajitas contabiliza 150; el Centro Penitenciario El Renacer registra 130 contagiados y el Centro Penitenciario de Aguadulce 110 privados de libertad contagiados.

Además, presentan registros de casos, el Centro Penitenciario La Joya con 63 contagios y 1 defunción; el Centro Penitenciario Nueva Esperanza con 32; el Centro Penitenciario la Joyita con 30 y un registro de defunción; el Centro Penitenciario de Bocas del Toro con 21; el Centro de Transición de La Chorrera con 16; el Centro de Transición de Tocumen con 15 y el centro Penitenciario Los Algarrobos con 1 solo caso registrado.

El informe, según consta en la comunicación oficial, fue elaborado en base a investigaciones hechas por el personal de la Defensoría del Pueblo, en la semana correspondiente del 19 al 24 de septiembre, por lo que podría estar cambiando de acuerdo a la evolución y comportamiento del virus dentro de las cárceles.