Defensoría abre investigación por actuación de la Policía contra representante de Tocumen

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo expresa su rechazo ante los hechos ocurridos la noche del 15 de julio de 2025, durante una intervención de las unidades de control de multitudes en la comunidad de Cabuya, en el distrito de Tocumen.

La Defensoría indicó que "durante este lamentable episodio, la representante comunitaria Arielis Barría fue objeto de un trato inaceptable mientras intentaba interceder entre las fuerzas del orden y residentes del área".

Ante este incidente, la Defensoría del Pueblo ha abierto una investigación de oficio contra la Policía Nacional y el Ministerio de Seguridad Pública por los hechos ocurridos en la comunidad de Cabuya, para esclarecer posibles abusos de poder y omisiones institucionales, así como determinar responsabilidades frente a la actuación de las unidades presentes y la falta de garantías para el ejercicio del liderazgo femenino en contextos comunitarios.

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Agregaron que "la actuación de las unidades policiales fue desproporcionada, constituyendo una vulneración a los derechos humanos, el respeto a la autoridad local y los principios fundamentales de protección a las mujeres defensoras de derechos".

"Ninguna mujer merece ser tratada de esa forma por parte de las unidades policiales, sin importar su rango, en ningún punto del territorio nacional. Todas merecen respeto, dignidad y protección, particularmente cuando ejercen roles de liderazgo y mediación en contextos de conflicto social", indicó la Defensoría.

La Defensoría recuerda al Estado panameño y a sus instituciones de seguridad su obligación de cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos y protección a las mujeres, entre ellos:

• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
• Las Directrices de la ONU sobre la protección de los defensores de derechos