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Caso de la operación 'Océano' irá a juicio oral en 2026 tras admisión de pruebas
Esta causa penal mantiene a 10 personas condenadas.
En una audiencia intermedia de los aprehendidos en la operación “Océano”, el juzgado de garantías admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en contra de cuatro personas acusadas por los delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración, posesión y tráfico de armas y explosivos.
Esta causa mantiene a 10 personas condenadas con sentencias que van entre los 48 y 80 meses de prisión. Precisamente, el pasado 21 de abril, la Fiscalía obtuvo siete sentencias condenatorias que van de 60 a 80 meses de prisión por la comisión del delito de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.
Durante el desarrollo de la audiencia intermedia, la Fiscalía presentó los acuerdos de pena que fueron validados por el Juzgado de Garantías dictando sentencia N° 679, por la cual se declaró penalmente responsable del delito acusado a las siete personas.
A estos acusados se les impuso una pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas para dos de los condenados.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía de Drogas se utilizarán en un juicio oral fijado para el 18 de mayo de 2026, a las 9:00 a.m.
Los hechos
Esta causa penal está relacionada con una operación realizada el 20 de septiembre de 2023, en conjunto con el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, en Panamá, Chepo y Darién, en busca de un grupo de personas que se dedicaban a actividades relacionadas con drogas, que mediante reuniones y comunicaciones telefónicas organizaban toda la logística de las actividades ilícitas.
La investigación inició en marzo de 2022, y se conocía que la organización tenía dos líderes, uno de ellos conocido como alias “Panita".
En total, la operación resultó en la aprehensión de 16 personas vinculadas a esta organización, que además se dedicaba a la actividad del microtráfico y distribución local.
El modus operandi estaba debidamente definido.
Recibían sustancias ilícitas desde Colombia, por los océanos Atlántico y Pacífico, luego la trasladaban por trochas utilizando colaboradores étnicos conocidos como “mochileros”, hasta el sector de Ipetí, donde se las entregaban a personas denominadas “lancheras” que evadían el punto de control de Bayano, para entregar la sustancia ilícita en Cañita, corregimiento de Chepo, para ser movilizada en vehículos hasta la ciudad de Panamá, con el fin de ser trasladada a la frontera con Costa Rica.
