Gómez: Sistema para juzgar diputados y magistrados es perverso

Un verdadero hermetismo hay con respecto a las más de 51 denuncias y querellas interpuestas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Diputados. Solo contra el presidente de la Corte, José Ayú Prado, hay 13.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez se quejó de la reserva sobre el tema, porque incluso a ella se le exigió solicitar por escrito una auditoría y la cantidad de expedientes, cuando esperaba tener la información para poder divulgarla en el programa Radar transmitido este domingo por TVN.

“No han entendido que eso es documento público. Eso es perfectamente verificable por cualquiera. Nada más decir cuántas denuncias hay, cuál tiene la fecha más antigua y cuál la más reciente” cuestionó.

La diputada independiente aseguró que se heredaron muchos expedientes, que están archivados, por lo que dijo que las personas que interpusieron las denuncias o querellas deben saber si se archivaron o si les van a dar curso, incluso los denunciados algunos han dejado de ser magistrados. “Alguien tiene que rendir cuenta de eso”, recalcó.

Gómez informó que el presidente de la Comisión de Credenciales [Luis Barría, panameñista] es quien fija la fecha y pauta la reunión.

El propio Barría tiene un proceso pendiente en la Corte, por lo que podría haber un conflicto de intereses.

“Es un sistema perverso, dijo Gómez, ante el hecho que la Corte Suprema de Justicia investiga a los diputados y estos a los magistrados.

En tanto, el exmangistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, coincidió con que es un complejo.

Añadió que la experiencia del proceso al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, condenado por una subcomisión de Jueces de Garantías en la Asamblea Nacional a cinco años de cárcel por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, dejó una lección atesorada.

El diseño funcional de la Asamblea no es para ejercer con la majestad e imparcialidad que requiere la función jurisdiccional, por lo que sugirió que es un tema que debe ser repensado.

Lo ideal, en opinión de Arjona, es que a lo interno de la propia corporación de justicia se crearan procesos de autorregulación.

Gómez, quien integró la Subcomisión de Jueces de Garantías que condenó a Moncada Luna admitió que la Asamblea no es un tribunal natural para la administración de justicia y mucho menos para la investigación que se requiere.

En ese sentido dijo que se necesitan técnicas de investigación complejas, personal, infraestructuras y planes logísticos.