Polémica en la Asamblea: llega iniciativa para legalizar invasiones de terrenos y frenar desalojos

Ciudad de Panamá, Panamá/Una iniciativa para legalizar las invasiones de terrenos y frenar los desalojos llegó a la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional.

La misma surge como respuesta al anuncio hecho en julio pasado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a cargo de Jaime Jované, donde se anunció que se buscaría penalizar las invasiones tanto de terrenos privados como estatales.

En ese sentido, la propuesta ciudadana plantea que se suspendan los lanzamientos o desalojos realizados por invasores, precaristas o asentamientos informales que vivan en un terreno por más de un año.

Además, pide que se "legalice" el terreno a favor de los invasores o precaristas, así como a los asentamientos informales que vivan en dicho inmueble por más de un año.

La iniciativa establece que, en el caso de que el terreno sea privado, se ordene la "expropiación" por razones de interés social de vivienda, previa indemnización del propietario. Se basa en el artículo 48 de la Constitución, que dice que "la propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos en la Ley, puede haber expropiación mediante juicio especial e indemnización".

De acuerdo con la propuesta, quienes actúen como invasores, precaristas o personas que vivan en asentamientos informales y deseen gozar de este "beneficio" no deben tener propiedad o terreno inscrito a su nombre.

El proponente de esta propuesta, el abogado José Luis Galloway, plantea en la exposición de motivos que "las invasiones son consecuencias de las políticas públicas erradas de viviendas de los gobiernos, donde su prioridad ha sido fortalecer a las inmobiliarias, a los bancos, a los amigos, violando el artículo 117 de la Constitución".

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También se viola el artículo 626 del Código de la Familia, mientras que señala que se oponen a la política del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial de querer elevar a la categoría de delito un problema social.

Galloway dijo a TVN-2.com que esta propuesta no es polémica ni viola la Constitución, pues se está ante un interés de vivienda.

En su momento, Jované planteó que, en virtud de la proliferación de ocupaciones ilegales de tierra, lo que genera conflictos en las comunidades y exposiciones mediáticas por desalojo a los que se ve obligada la Policía, se impulsa un proyecto de ley cuyo “objetivo es lograr una planificación, como meta primordial, con una comunicación interinstitucional… Tenemos que detener las invasiones informales y, paralelo a eso, cumplir con las que ya están tratando de formalizar su titulación”.

La Dirección Nacional de Asentamientos Informales del Miviot señala que son las provincias de Panamá Oeste, Panamá Este y Bocas del Toro las que mantienen más reportes de asentamientos informales en el país.