Instalan mesa consultiva para reglamentación de la Ley sobre de incentivos a la actividad turística

El Gobierno Nacional instaló este miércoles 6 de julio, la mesa consultiva para concretar la reglamentación de la Ley 314 del 20 de junio de 2020, con el fin de otorgar incentivos para la inversión y el financiamiento para el desarrollo de nuevos establecimientos de hospedaje público turístico o ampliaciones de los ya existentes en el interior del país.

Con la implementación de la ley se busca construir al menos 5,000 habitaciones nuevas. El primer impacto positivo será en el sector construcción, donde se espera crear al menos 3,000 empleos en los próximos 2 años.

Actualmente, existen 40 proyectos que han iniciado su proceso de certificación para aplicar a los incentivos en diferentes regiones del interior del país.

Iván Eskildsen, administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), manifestó que, es importante el proceso de reglamentación de la ley respetando el propósito por la cual fue creada.

Explicó que cualquier desarrollador de proyectos turísticos podrá presentar un proyecto ante la ATP y la Superintendencia del Mercado de Valores, siguiendo el proceso que se establecerá en la reglamentación.

Por su parte, el presidente del CoNEP, Rubén Castillo, señaló que: “debe existir un proceso de fiscalización riguroso, a fin de no confundir la inversión inmobiliaria con la inversión turística que es la que está promoviendo esta Ley.

En mayo pasado, el CoNEP, como sector privado, solicitó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionar el proyecto de ley de incentivos a la actividad turística, por requerir la promoción de alternativas que ayuden a generar empleo y de estímulos conducentes a fomentar la actividad turística en áreas del interior del país.

El viceministro de Finanzas del MEF, Jorge Almengor, dijo que en la reunión del próximo 8 de julio se van a revisar las condiciones o los criterios que deben ser reglamentados.

El turismo es uno de los principales motores económicos del país, que representó en 2019 una inyección de divisas al país por $7 mil millones.

El Órgano Ejecutivo tiene 30 días calendario para la firma de la reglamentación de la ley en mención.