La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, lanzó una alerta ciudadana por las modificaciones introducidas al Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral y establece las reglas que regirán las elecciones generales de 2029. La organización cuestionó tanto el contenido de los cambios aprobados en primer debate como la forma en que fueron discutidos en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Según Libertad Ciudadana, las modificaciones debilitan los controles sobre el financiamiento político, dificultan la participación de candidaturas independientes y nuevos partidos y reducen los plazos para investigar posibles infracciones electorales. El proyecto fue presentado originalmente por el Tribunal Electoral y posteriormente recibió decenas de modificaciones durante su discusión en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Benicio Robinson. El texto fue aprobado en primer debate el 23 de septiembre con siete votos a favor y dos en contra. Cuestionan la forma en que se discutió el proyecto Libertad Ciudadana sostiene que las sesiones del 16 y 23 de septiembre no permitieron un debate con suficiente información sobre el contenido final de la reforma. De acuerdo con la organización, al proyecto original se le eliminaron 14 artículos, se incorporaron cinco y se modificaron 27, cambios que alteraron de manera significativa la propuesta presentada inicialmente por el Tribunal Electoral. La fundación cuestiona además que el texto final no estuviera disponible con suficiente anticipación para su análisis antes de avanzar hacia el segundo debate. A su juicio, una reforma que modifica las reglas sobre partidos políticos, candidaturas, financiamiento electoral, escrutinio y sanciones requiere mayor discusión técnica y participación ciudadana. Uno de los principales cuestionamientos de Libertad Ciudadana está relacionado con el financiamiento de las campañas políticas. La organización advierte sobre cambios que, según su análisis, permitirían: Ampliar de 45 a 90 días el plazo para presentar información sobre ingresos., Extender de 30 a 90 días hábiles el plazo relacionado con la rendición de cuentas del subsidio preelectoral., Aumentar en 30% el tope de financiamiento privado que pueden recibir los candidatos presidenciales., Establecer para las candidaturas a diputado topes de B/.300,000, B/.400,000 o B/.500,000, dependiendo del circuito., Fijar para las alcaldías límites de gasto de hasta B/.500,000., Reducir de cuatro a tres años la prescripción de los delitos electorales y de dos a un año la de las contravenciones., Disminuir las multas relacionadas con el incumplimiento de los informes de financiamiento. La discusión sobre el financiamiento privado y los límites de gasto ha sido uno de los principales componentes de la reforma electoral que se analiza en la Asamblea. También cuestionan cambios para independientes y nuevos partidos Libertad Ciudadana advierte además que el proyecto aprobado en primer debate eleva las exigencias para las candidaturas por libre postulación y modifica las condiciones para la inscripción de nuevos partidos políticos. Entre los cambios reportados está el aumento de 2% a 3% de las firmas requeridas para las candidaturas independientes. También se establece un requisito de 3% de los votos válidos de la última elección presidencial para la formación de un partido político. Otro punto cuestionado es la eliminación de la figura de los iniciadores de partidos, lo que, según la organización, podría dificultar el proceso de inscripción de nuevas agrupaciones. Candidato podría conservar dos cargos electos Entre las modificaciones aprobadas en primer debate también figura una disposición que permitiría que una persona elegida para dos cargos de elección popular conserve la titularidad de ambos, aunque solo pueda ejercer uno a la vez. "La democracia electoral es el espacio ciudadano de control del poder por excelencia. Debilitar sus reglas de transparencia abre la puerta al financiamiento del crimen organizado y a la captura del Estado, mientras que acomodar las reglas del juego para proteger privilegios es un atentado a la democracia misma", puntualiza. El Proyecto de Ley 699 deberá continuar su trámite en el pleno de la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley. El texto todavía puede ser modificado durante los siguientes debates legislativos.