Mina de Donoso: Mulino anuncia inicio de 'conversaciones formales' con Minera Panamá

Gobierno iniciará 'conversaciones formales' con Cobre Panamá / Redacción de TVN Noticias

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que el gobierno iniciará un proceso de conversaciones formales con la empresa Minera Panamá para explorar la posibilidad de un acuerdo cuyo objetivo principal sea obtener los mejores beneficios para el país, y así poner en marcha el plan de cierre ordenado de la mina que operaron en Donoso, como lo recomendó la Comisión Interministerial de alto nivel.

Mulino señaló que ha establecido una comisión interministerial liderada por Julio Moltó para iniciar las reuniones con Cobre Panamá con un eje vector: "buscar la reactivación de la actividad minera, solo si están protegidos los intereses de la patria y existen beneficios reales para Panamá".

"Hoy vengo a hablarle del futuro y lo que vamos a hacer", expresó Mulino refiriéndose a las dos opciones en escenario: enfrentar los arbitrajes internacionales o un plan de cierre ordenado que genere empleos. Agregó que debió escoger entre el costo político o que los panameños carguen con el costo económico de una decisión.

Entre lo fácil y lo correcto, nuevamente elijo lo correcto".

Los cinco ejes irrenunciables planteados por Mulino

  1. Propiedad de los recursos minerales: los minerales que se encuentran en el subsuelo pertenecen en su totalidad a Panamá.
  2. Máximo beneficio económico para el país: Panamá debe obtener el mayor beneficio económico posible de la actividad minera, y esos ingresos deben sentirse en todo el territorio nacional.
  3. Soberanía nacional: el Estado panameño mantiene el control sobre su territorio. Ninguna empresa puede decidir sobre las tierras, las aguas ni el espacio aéreo del país.
  4. Protección ambiental: cualquier actividad deberá cumplir con los más altos estándares ambientales, controles estrictos, fiscalización independiente e información pública.
  5. Respeto a la Constitución y las leyes: cualquier acuerdo deberá ajustarse al marco constitucional y legal panameño.

El presidente hizo énfasis en que el cierre definitivo será una condición obligatoria de cualquier eventual acuerdo, no será negociable y no tendrá posibilidad de prórroga.

Entre las exigencias que el Gobierno llevará a la mesa figuran la generación de miles de empleos exclusivamente para panameños, la obtención de mayores ingresos para el país, el control y registro abierto de los materiales extraídos y el uso responsable del agua. También se exigirá un plan de cierre viable, verificable y definitivo, que incluya reforestación y medidas para prevenir daños ambientales, así como la finalización de todos los procesos arbitrales contra Panamá.

El presidente aseguró que el proceso deberá desarrollarse con transparencia y participación ciudadana, especialmente de las comunidades cercanas al proyecto, y que toda la información estará disponible para consulta pública. Además, aclaró que no se trata de una concesión y que, si se alcanza un acuerdo, el equipo ministerial deberá anunciar la figura jurídica que lo respaldará, con pleno cumplimiento de la Constitución y las leyes panameñas.

Mulino insistió en que el inicio de estas conversaciones no representa una decisión definitiva sobre la reapertura de la mina, sino el comienzo de un proceso para explorar las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse una actividad minera que, según su planteamiento, proteja los intereses económicos, ambientales y jurídicos del país.

La información llega un mes después de que la Comisión Interministerial de Panamá recomendara el «cierre ordenado y definitivo» de la mina Cobre Panamá (operada por Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals), sin trasladar costos al Estado, por medio de un informe que fue entregado a Mulino.

La propuesta contempla resolver los arbitrajes internacionales pendientes, garantizar que el proceso no implique una reapertura ni una extensión del proyecto y mantener la supervisión estatal, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato minero.

Como parte de la evaluación, se realizó una auditoría integral al proyecto, que examinó 370 compromisos ambientales. El informe reportó un cumplimiento de 98.92% al evaluar los compromisos individualmente y de 87.73% bajo una metodología de evaluación integral ponderada. También identificó cuatro incumplimientos relacionados con flora, restauración ecológica y reforestación, además de oportunidades de mejora en materia ambiental.

La Comisión planteó que cualquier acuerdo debe priorizar la protección ambiental, la atención de las comunidades y los trabajadores afectados, la transparencia y la recuperación de las áreas intervenidas. También recomendó un cierre progresivo, con plazos definidos y financiamiento para atender los pasivos ambientales.

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