Cámara de Comercio exige al gobierno establecer prioridades y entrar en ejecución
El 2020 será registrado en nuestra historia como un año en el que enfrentamos grandísimos retos como sociedad, considerándose para tales desafíos, la oportunidad de iniciar cambios profundos en diversas áreas, estableciendo prioridades y ejecutando las acciones sin dilación.
Nuestro gremio, en su momento, presentó el documento Agenda País 2019-2024, el cual contenía propuestas para abordar los principales pilares nacionales en ese quinquenio.
Con los actuales acontecimientos, tales pilares no han variado, pero sí se puede denotar que demandan una atención integral apremiante.
En el documento, ya se planteaba el gran desafío en materia de educación. Ha quedado más en evidencia las deficiencias en el sector educativo durante la pandemia, el cual presenta desigualdades sobre las cuales se deben trabajar de manera transversal tanto en el sector oficial como en el particular.
Producto del “Diálogo Compromiso Nacional por la Educación”, donde participamos junto con diversos sectores de la sociedad, se alcanzaron acuerdos para la implementación de 37 Políticas Públicas de Estado y se creó por Ley el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (COPEME) como ente asesor del Ministerio de Educación para evaluar los avances.
Ya existe una hoja de ruta, pero requiere de mayor convicción y sentido de urgencia para avanzar, ahora sumando con premura la mejora en capacidad instalada para facilitar el acceso y la conectividad digital a todos los estudiantes panameños, de manera que puedan adquirir las capacidades y competencias necesarias para afrontar el mundo actual.
Además, abordamos las situaciones que atraviesan el sistema de salud y la seguridad social, para lo que recomendamos, a mediano plazo, establecer un cronograma de trabajo para implementar gradualmente el Sistema Público de Salud Integral, cumpliendo con el “Plan Estratégico Nacional de Visión de Estado Panamá 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Otra planificación que se encuentra lenta en ejecución.
Mientras que, hemos insistido en la urgencia de instalar la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social (CSS). Este diálogo de carácter técnico y de gran impacto social tiene un retraso de diez años por la falta de compromiso de gobierno tras gobierno y no puede esperar un mes más.
El punto de partida son las cifras reales de la CSS que no pueden ser motivo de disputa ni desvío de atención y dilatación de decisiones frente a los claros problemas que hay.
De igual forma, abordamos las necesidades de atender el continuo deterioro institucional del país. Al respecto, se presentaron recomendaciones puntuales sobre los poderes públicos, señalándose que las autoridades y entidades estatales deben trabajar orientadas al bien público, regidas por la transparencia al rendir cuentas de sus actos.
Y, en cuanto a la administración de justicia, aspecto crítico de la situación institucional, entre otras recomendaciones, nuestro gremio ha presentado su posición no sólo en Agenda País, sino desde hace más de dos años, la necesidad de reformas constitucionales para propiciar un cambio.
La base de la vida en democracia es el imperio de la justicia, por cuanto careciendo de ésta, los ciudadanos están desprotegidos de sus garantías fundamentales. De allí que hayamos planteado trabajar por el rescate judicial mediante la revisión de las bases de nuestro Estado de Derecho.
No hay mayor desigualdad que la que produce un Estado que no ejecuta las leyes que protegen a los más vulnerables y permite una corrupción e impunidad abundante que le roba la esperanza a la sociedad. Cada gobierno que ignora esta situación es parte del peor oprobio que se comete contra el país.
El último pilar que Agenda País abordó fue el crecimiento económico sostenible, prestando especial atención a aquellos sectores dinamizadores de nuestra economía -agropecuario, turismo, industria, comercio- por su capacidad de estimular el empleo e impulsar las exportaciones.
Pero hoy el componente más urgente en atender de forma inmediata es la recuperación y reactivación económica del país, donde el sector privado ha planteado iniciativas, pero esperamos un plan integral de parte del Estado que defina claramente prioridades y nos lleve a sumar fuerzas con enfoque y sentido apremiante.
La situación nos exige enfocarnos en medidas inmediatas y a mediano plazo que atiendan los aspectos tanto laborales como socioeconómicos de forma transversal y persigamos oportunidades a partir de nuevas tendencias, con el fin de incrementar el circulante de la economía, activar empleos y, por consiguiente, la demanda de bienes y servicios.
Frente al llamado del Presidente de la República al diálogo denominado “Cerrando Brechas”, estimamos que a lo largo del tiempo se han producido diferentes diálogos y documentos, los que han tenido éxitos tenían objetivos claros sobre propuestas específicas impulsadas por el gobierno.
En este encuentro, lo que corresponde es establecer una meta clara y común de corregir desigualdades históricas y deficiencias institucionales donde la corrupción y los intereses políticos no obstaculicen, como hasta ahora, el desarrollo de políticas públicas que permitan al país alcanzar su potencial con el apoyo del sector privado y las otras de las fuerzas vivas del país.
Priorizar y tomar acciones con sentido de urgencia, es lo que demanda Panamá.
