Piden celeridad y transparencia en investigación de Cobranzas del Istmo

Lesión patrimonial, peculado, conspiración, desfalco, son algunos de los delitos que han sido vinculados a la administración de la extinta Autoridad Nacional de Ingresos, donde se contrató, durante la gestión de Luis Cucalón, a la empresa Cobranzas del Istmo para recaudar los impuestos de forma irregular, según auditorías realizadas.

El caso de Cobranzas del Istmo y los más de 40 millones de dólares que cobró en comisiones por recaudar impuestos, fue analizado este domingo en el programa Radar, que se transmite por TVN.

José Javier Rivera, expresidente de la Cámara de Comercio; Annett Planells, del Movimiento Independiente y el excontralor Alvin Weeden, coincidieron este domingo en que el Ministerio Público debe hacer una investigación con celeridad y transparencia sobre el caso.

“No sé qué pasa con el Ministerio Público, porque pasan los días, pasan las semanas y no pasa nada. Ni siquiera lo llamaron [Cucalón] a indagatoria, no se le cautela con toda la información que ya tenemos”, se lamentó el excontralor.

Weeden también consideró que la Contraloría General de la República, debería hacer un informe y debió cautelar la cuentas de Cucalón y Cristóbal Salerno, supuesto propietario de Cobranzas del Istmo.

“Aquí ha habido desde el principio una asociación ilícita para delinquir, desde el presidente de la República, el Ministro de Economía y Finanzas de ese momento, el director de ingresos”, expresó el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Javier Rivera.

El dirigente empresarial considera que todos han actuado para obtener un beneficio y causar una lesión patrimonial al fisco, con la contratación directa de dicha empresa para cobrar impuestos, por lo que plantea que además se deberían revelar quiénes son los accionistas.

En el gobierno pasado se creó la Autoridad Nacional de Impuestos, que reemplazó a la DGI y Cucalón siguió al frente de la nueva autoridad.

Annett Planells, del Movimiento Independiente, coincidió con Rivera cuando expresó que el primer velo que ellos tienen que develar es quiénes son los dueños o co-dueños de Cobranzas del Istmo, “porque allí vamos a saber quiénes son los responsables del desfalco del cual hemos sido víctimas, porque allí estamos hablando de 40 millones, la mitad del aumento a los jubilados que tanto trauma ha ocasionado en los ciudadanos”.

“Yo creo que se ha presentado una demanda ante la procuraduría de la Nación y es importante que a esa demanda se le dé la celeridad y la información porque han subestimado la inteligencia del panameño”, declaró Planells.

Sin embargo, Rivera cree que “este caso no avanza porque están tocando alambres de alta tensión”.

ANTECEDENTES

La empresa fue contratada de forma directa por el entonces director de Ingresos, Luis Cucalón, para cobrar la morosidad en impuestos en agosto de 2010, cuando eran ministro de Economía y Finanzas, y viceministro de Finanzas, Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia ( actual titular del MEF), quienes eran sus superiores.

Vallarino y De La Guardia permanecieron en sus puestos hasta agosto de 2011, por lo que estos no pueden rehuir una responsabilidad, comentó a su vez, el excanciller Jorge Eduardo Ritter.

Fue precisamente el actual titular del MEF, Dulcidio De La Guardia, quien interpuso una denuncia por “falsedad ideológica” del contrato contra Luis Cucalón.

En el primer párrafo se declara que “este contrato está apoyado, amparado por una excepción del acto público permitiendo una contratación directa”.

Al respecto, el excontralor Alvin Weeden, comentó que nunca hubo excepción del acto público, nunca se autorizó la contratación directa, no pasó por el Consejo Económico Nacional ni por el Consejo de Gabinete.

Además, expresó Weeden, que en la resolución del MEF se estableció que era una cuantía indeterminada y le pusieron una fianza de 450 mil dólares, lo que también es una falsedad porque Cucalón admitió días antes que la razón de esta tercerización de cobro era que había 7 mil millones de dólares de cuentas por cobrar.

Un contrato con vigencia de seis años y cuatro de prórroga automática, por lo que estos señores, apuntó Weeden, han recibido comisiones por “la suma pequeña” de 47 millones de dólares.

“Por ahí comienzan las falsedades cuando vemos el contenido del contrato, de que Cucalón discrecionalmente dijo que daba a Cobranzas del Istmo las cuentas, porque no es cierto que lo podía hacer discrecionalmente”, acotó.

CASO DE TOCUMEN, S.A.

La actividad principal de la Dirección General de Ingresos es recaudar impuestos, por lo que no puede ceder esa responsabilidad a una empresa privada, comentó a su vez el exdirector de Ingresos en el gobierno del presidente Martín Torrijos, Rolando Mirones.

Mirones dijo que lo peor fue lo ocurrido con la empresa mixta que administra el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la cual tenía en su junta directiva como presidente al ministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, ya que considera que no puede ser que un gestor de cobro le cobre al Estado.

En comisiones por cobrar impuestos a Tocumen S.A., Cobranza del Istmo recibió 21 millones de dólares.

“Cómo es posible que [De Lima] esté en esa Junta Directiva como presidente y se acepte hacer ese tipo de pago de una comisión”, afirmó Mirones.

Para Weeden, le regalaron 21 millones de dólares a Cobranzas del Istmo, y eso es la imputación de peculado, de acuerdo al artículo 384 del Código Penal.

Según el excontralor, Cucalón malversó fondos entregando dinero a Cobranzas del Istmo que no le convenía.