Presidenta de la Corte Suprema aborda los desafíos de la justicia panameña

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, abordó en exclusiva en Noticias AM,  los desafíos que existen en materia de justicia en Panamá.

De acuerdo con López Arias, lo primero que realizó al llegar a la presidencia de este órgano del Estado, fue tratar de mejorar “la imagen mal trecha” que tiene la institución de justicia, percepción que siente que ha cambiado.

Desafíos y carrera judicial

Entre los desafíos encontrados en este camino, la magistrada destacó que al tratar de aplicar lo que establece la Ley de Carrera Judicial, una vez se declararon las vacantes de los jueces y magistrados del Sistema Penal Acusatorio, fueron presentadas varias demandas ante la Sala Tercera, con el propósito de que estos funcionarios no tengan que concursar, alegando que como tienen más de cuatro años en los cargos tienen estabilidad.

“Considero que han confundido el tener una estabilidad con la obligatoriedad que tenemos los funcionarios de concursar, porque se tiene una Ley de Carrera Judicial aprobada desde 2015 y no es hasta este año que se aplica de manera efectiva”, dijo.

A juicio de López Arias, la aplicación de la carrera disminuye el riesgo de corrupción y promueve la depuración del sistema, toda vez que se cuenta con la evaluación del desempeño.

Recordó que hay un tribunal muy importante, que desarrolla la Ley de Carrera Judicial, que es el Tribunal de Integridad y Transparencia, encargado de juzgar las faltas a la ética de todo funcionario judicial, ya sean permanentes, interinos, temporales o de carrera.

La evaluación de desempeño permite ir viendo las deficiencias que se tienen en un juzgado y cómo ayudar a ese juez a mejorar, porque su mejoría redunda en servicios que prestan al usuario y no tiene como propósito que los funcionarios salgan de la institución, aclaró.

Mora Judicial

Sobre la mora judicial que existe en el sistema, la magistrada presidenta manifestó que una de las acciones tomadas fue pedir a los jueces de manera mensual en todo el país los informes.

Estos informes anteriormente eran solo estadísticos, por lo que se cambió la forma y se solicitó que se informara sobre los estados de los expedientes, desde cuándo entró para ver si este tenía movimiento o no.

Precisamente, desde la pandemia fue establecido un plan de contingencia para atacar el problema, un ejemplo de ello fue según la magistrada, que en el distrito de La Chorrera tenían más de 600 solicitudes de audiencias que estaban agendadas para el año 2025, y con dicho plan que llevó a los jueces incluso los sábados, han llegado sobre la marcha trayéndolos a 2022.

Este plan se está aplicando en todas las provincias y en ciudad de Panamá, y su duración dependerá de cómo se vaya disminuyendo.

“Mi meta es que a diciembre nosotros podamos estar atendiendo las solicitudes en base a lo que se va presentando”, afirmó.

A la fecha, se han evacuado cerca de 2,000 solicitudes de audiencias de las 6,000 que se presentaron.

Presupuesto para la vigencia fiscal

La magistrada destacó que, por primera vez en la historia, se les aprueba el presupuesto recomendado para la vigencia fiscal 2023, que asciende a más de 300 millones de dólares, lo que les permitirá cumplir con el plan estratégico 2020-2030, que significa que podrán contratar a personal que se requiera, cumplir a cabalidad con los tiempos y tener las estructuras adecuadas.

Proyecto Ciudad Judicial

Aprovechó para dar a conocer que ya están dando los pasos para concretar la construcción de una Ciudad Judicial y para ello serán apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

En estas instalaciones se prevé estarán ubicadas todas las dependencias judiciales.

Este proyecto está previsto a desarrollarse en un terreno donado detrás de la Universidad Tecnológica de Panamá.

En otro tema, la magistrada dijo que otro de los desafíos para la justicia panameña son los casos de alto perfil. "Estamos empeñados en cambiar las cosas, en mejorarlas".