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Realizan consultas sobre proyecto de reformas constitucionales en la AN

Comisión de Gobierno realiza consultas sobre reformas constitucionales

Tras varias jornadas que se hicieron en diferentes puntos del interior del país, las consultas sobre las reformas constitucionales se trasladaron a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Este martes 27 de agosto, representantes de diferentes sectores se presentaron a la sesión que se realizó en la AN, donde expusieron sus puntos vista e ideas y se informó que se espera que el próximo 5 de octubre entreguen al pleno un informe con los resultados de las consultas.

De allí se desarrollarían los tres debates del proyecto de reformas durante el primer periodo legislativo.

Leandro Ávila precisó que la decisión de si se aprueban o se rechazan las reformas constitucionales, se podría tener para el 30 de octubre aproximadamente.

Luego, en la segunda legislatura, entre los meses de enero a mayo, en los debates que se dan en el pleno, se le pueden hacer correcciones y sugerencias y antes del 30 de mayo del 2020 se deben haber aprobado.

Por su parte, el diputado Gabriel Silva dijo que lo que más se ha solicitado han sido reformas educativas, al igual que lo relacionado con la justicia y la equidad. También han recibido recomendaciones sobre el sector agro y medioambiente.

Según establece el numeral 2 del artículo 313de la Carta Magna, la aprobación de las reformas requiere de tres debates como es usual.

A diferencia de que el primero, correspondiente a la Comisión de Gobierno, se hará en el pleno y podrán participar todos los diputados.

El proyecto reformatorio debe aprobarse antes que concluya la primera legislatura el 31 de octubre.

Posteriormente, debe ser aprobado, nuevamente, en tres debates en la segunda legislatura que va del 1 de enero al 30 de abril del 2020.

Luego de aprobarse el proyecto en las dos legislaturas, la Asamblea Nacional fijará la fecha en que se realizará el referéndum nacional para que la ciudadanía se pronuncie y deberá establecerse en un periodo no inferior a los tres meses ni superior a los seis meses, contados a partir de la aprobación del proyecto en la segunda legislatura.

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