Sector empresarial solicita que se permita el paso de insumos y combustible

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá, algunos negocios no han podido continuar operando debido a la falta de insumos, combustible y dificultad en la movilización de los consumidores y trabajadores.

Para Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), todo ese esfuerzo iniciado con un reclamo legítimo de la ciudadanía se ha visto desvirtuado por cierres que ya tienen otros objetivos porque se están dando violaciones a los derechos humanos.

Agregó que ya se han dado cierres de empresas que tenían años de existir y que no han podido resistir los cierres y esto irremediablemente tendrá un impacto directo en todos los panameños que en estos momentos ya se ve reflejado en el alto costo de los pocos vegetales y legumbres que quedan en los mercados.

Por su parte, Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo, señaló que se ha incrementado la preocupación por las pérdidas económicas, laborales, entre otras. Instó a las personas a que esperen el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), también hizo un llamado a la paz, concordia y entendimiento, manifestando que no es viable que se mantengan las vías cerradas.

Han transcurrido 15 días desde que se intensificaron los constantes cierres de calles y manifestaciones como medida de oposición a la Ley 406 del 20 de octubre de 2023 que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A. Mismas medidas que aún se mantienen.

Luego de ser aprobado en tercer debate el proyecto de Ley 1110, que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional; el presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, sancionó la Ley 407 en donde se aprueba una moratoria minera metálica indefinida, la cual ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial desde el viernes 3 de noviembre.

En reiteradas ocasiones, los manifestantes han señalado que estas medidas se mantendrán hasta que la Corte emita un fallo sobre si este contrato es inconstitucional o constitucional.

Con información de Yenny Caballero