‘Si queremos que la ciudad funcione hay que dársela al alcalde’, advierten especialistas
Expertos han coincidido este domingo en la necesidad de que los cambios urbanísticos que está viviendo la capital se adopten como política municipal, y que la Alcaldía de Panamá sea el gobierno de la ciudad, sin compartir funciones con ningún otro ente público.
“Se necesita un consenso que trascienda los ciclos políticos. Tiene que haber una dirección consensuada y que todos los gobiernos aporten”, dijo el urbanista Nilson Espino en el programa Radar, de TVN Noticias.
El tema ha ganado relevancia en momentos en que la Alcaldía de Panamá ha emprendido proyectos de intervención que han liberado las aceras de Calidonia, y advierte que extenderá su política de recuperación de espacios públicos a Santa Ana y San Francisco.
“No vamos a resolver los problemas de la ciudad acumulados 40 años en una gestión de cinco ni diez años”, reconoció el alcalde José Blandón, quien citó el ejemplo de Medellín, que, a su juicio, ha seguido la misma ruta de intervención urbana pese a los cambios de gobierno.
Pero, según planteó el representante de la Cámara de Comercio, Jaime Saint Malo, es también necesario revisar la institucionalidad de las alcaldías, y sobre todo la capitalina.
“Si queremos que la ciudad funcione hay que dársela al alcalde”, sostiene.
Panamá, frente a otras ciudades
Cuando en cualquiera otra ciudad –incluso menos desarrolladas que Panamá-, los municipios gestionan toda la urbe, en el caso panameño la alcaldía comparte funciones con un catálogo de instituciones públicas.
Las calles internas son responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, la recolección de la basura a la Autoridad de Aseo, las instalaciones deportivas de Pandeportes, algunos espacios públicos los administra Obras Públicas, el Ministerio de Economía y el Despacho de la Primera Dama, y el Metro y Mi Bus, que gestionan los sistemas de transporte masivo, responden al Órgano Ejecutivo y no a la municipalidad.
También las áreas revertidas: es la Unidad de Bienes Revertidos del Ministerio de Economía y Finanzas la que gestiona y planifica el uso de miles de hectáreas que componen el corregimiento de Ancón.
El viceministro de Ordenamiento Territorial (y otrora ingeniero municipal de la capital), Juan Manuel Vásquez, explica que la Autoridad del Canal lleva un proceso de estudio para determinar los mejores usos de suelo para las zonas que están en la ribera del canal.
“Hay que lamentar que la Autoridad del Canal tenga la responsabilidad institucional de hacer un plan de uso de suelo, cuando no debería ser”, reclamó el especialista Tomás Paredes.
“El Canal lleva adelante el desarrollo de sus áreas en coordinación con nosotros”, le respondió Vásquez.
Para Paredes, es necesario que en ese proceso de cambios de uso de suelo haya un “director de orquesta”, refiriéndose a la alcaldía.
¿Hay luz a final del túnel?
Aun así, el analista Jorge Eduardo Ritter cree que “nunca ha habido una oportunidad como la actual para darle institucionalidad a la alcaldía”.
“Hemos trabajado en coordinación con varias instancias del Gobierno Central y no ha sido fácil. Es coyuntural, por la buena relación entre el alcalde y el presidente”, reconoce el alcalde Blandón.
Entonces surge la idea de que el ciudadano sea el garante de que las modificaciones que vive la ciudad sean impermeables a los cambios de gobierno. Un ciudadano responsable, que pague sus impuestos y pondere las necesidades del municipio.
Lo otro: el orden en las promotoras, a las que Tomás Paredes acusa de haberse hecho con la gestión pública en materia inmobiliaria, algo reservado para el Gobierno.
Jaime Saint Malo, de la Cámara de Comercio, discrepa. “Los desarrolladores trabajan con las reglas, y esas te llevan a desarrollar el producto (…) las reglas tienen que ser distintas, orientadas a tener una mejor ciudad”, dice.
Para él, el propósito del empresario es la monetización del valor de lo que construye. “Tenemos que entender la motivación y la necesidad del empresario, del político y del ciudadano, y alinearlas”.