Sociedad civil exige conocer toda la trampa detrás del caso Odebrecht

La sociedad civil exige justicia de las instituciones que ven los casos de corrupción en el país. Así lo consideró Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panamá de Transparencia Internacional (TI).

"La sociedad civil, de su Ministerio Público y de su Órgano Judicial quiere justicia desde el día que llegó Odebrecht a Panamá, en la administración de (Martín) Torrijos, hasta el día de hoy, que sigue contratando", expresó este jueves 16 de noviembre en Noticias AM.

La ciudadanía desea conocer cómo fue el entramado de corrupción, cuáles fueron las instancias involucradas en la trampa y así poder remediarlas.

Un escándalo que vincula a la principal constructora de Brasil, cuyos efectos repercuten en varios países de la región latinoamericana y en dos naciones del continente africano.

"Este no es un caso que afecta únicamente a Panamá, por lo tanto las actuaciones del Ministerio Público de Panamá no solo afectan al país, sino a la región", manifestó De Obaldía.

La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana también dijo que hay "una descalificación" de la capacidad de entendimiento de la ciudadanía de lo que ha ocurrido en el país. "Está mucho más enterada", puntualizó.

De Obaldía además señaló que los debates en canales y la participación de abogados, que representen a imputados en el proceso, han generado una "cacofonía infinita de opiniones" que pueden llegar a confundir.

"Para discutir los temas, tenemos que tener un poco de ética", apuntó en Noticias AM. "Cada vez que un abogado está en los medios, dando opiniones técnicas del Ministerio Público y del Órgano Judicial, debería revelar su conflicto de interés".

Las investigaciones de corrupción en Panamá, no solo las relacionadas al caso Odebrecht, han sido monitoreadas por el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Muchas no han llegado a la realización de audiencia.

La lesión patrimonial contabilizada por TI relacionada con los casos de corrupción asciende a $360 millones.