Transparencia Internacional sitúa a Panamá estancada en la gran corrupción

Panamá, uno de los países más pequeños pero con mayor crecimiento económico sostenido en Latinoamérica, se encuentra estancado en la gran corrupción; no empeora pero tampoco mejora, con una independencia de su Poder Judicial que el Foro Económico Mundial sitúa en la posición 120 entre 137 países.

Así lo refleja en una entrevista con EFE Carlos Barsallo, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), de afable discurso, pero de estricto apego a los datos.

El problema no es la corrupción sino su combinación con la impunidad, subraya este abogado panameño, comprometido con el desarrollo de su país, con las más altas calificaciones académicas en Estados Unidos, España y Francia, y experiencia profesional en organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros.

Barsallo se declara altamente insatisfecho con la evolución hasta ahora del caso judicial del expresidente de su país Ricardo Martinelli (2009-2014), y con el resultado de los acuerdos de la constructora brasileña Odebrecht con el Estado de Panamá.

EN PANAMÁ ESTAMOS ESTANCADOS EN LA GRAN CORRUPCIÓN. Y ESTAMOS ASÍ HACE MUCHO TIEMPO.

Pregunta: ¿Cómo calificarías del 1 al 10 el grado de corrupción en la vida pública de Panamá?

Respuesta: Tendría que calificarla como uno de los grados más altos, entre un 9 y un 10; y me baso no solo en la corrupción, sino también en la impunidad, una combinación muy negativa. En cuanto a la llamada gran corrupción, el índice de percepción que realiza Transparencia Internacional nos ubica en una posición 97 de 180 países. Esos números, si fuéramos a calificar a un estudiante en un examen de grado, tendríamos un 37 de 100, que no es para nada una buena nota. Y lo siguiente es que estamos así hace mucho tiempo, no nos movemos, si bien es cierto que no empeoramos, no mejoramos. En la gran corrupción estamos estancados. Y sobre la mal llamada pequeña corrupción, es decir, por ejemplo el pago de sobornos para obtener servicios públicos, ahí nos colocamos en una posición en la que 9 de cada 10 panameños creemos que la corrupción es un problema muy grave en Panamá. Los panameños sienten que tienen que pagar por servicios que en principio ya pagó a través de sus tributos, pero para obtenerlo de manara rápida y eficiente hay que pagar algo. Y en esto hay que tener en cuenta que está el corruptor y corrompido, el que paga y el que recibe.

P: ¿Qué peculiaridades presenta en Panamá esa combinación de corrupción e impunidad frente a otros países?

R: En Latinoamérica estábamos ubicados como el tercer país, empatados con Venezuela, como el país que más sobornos pagaba, después de México y República Dominicana. Los últimos datos de este año nos sitúan en la mitad de los 17 países. Hay una percepción de que hay mucha corrupción y de que está concentrada en el Estado. La primera instancia sigue siendo el Poder Legislativo, luego el Ejecutivo y luego el Judicial. Antes medíamos la empresa privada en general, que marcaba bajo, y ahora se han incluido los banqueros, que marcan menos del 30 por ciento, y los periodistas, que se acercan al 17 por ciento. (Siempre según los índices de Percepción realizados por TI)

CASO MARTINELLI: ESCEPTICISMO ANTE UN SISTEMA JUDICIAL QUE NO DA BUENAS SEÑALES

P: ¿Que percepción tiene TI sobre el fallo favorable al expresidente Ricardo Martinelli después de su extradición?

R: Se estima que no ha terminado. Hay una patente insatisfacción, porque el sistema no ha sido en su etapa investigativa y menos en la etapa judicial capaz de lograr los resultados que deje a la población satisfecha de que se hizo un debido proceso y se llegó a resultados, lo que es más que evidente.

Este en un proceso en el que el Ministerio Público ha interpuesto recurso, con lo cual no ha terminado de dirimirse. Pero nos parece que hay una combinación de demasiados aspectos técnicos y procesales que crean enormes confusiones, que crea demasiadas opiniones donde no debería haber opiniones. No deja de ser paradójico, que este es un caso que si bien es importante porque tiene que ver con la violación a la intimidad y las escuchas telefónicas ilegales, nos aleja de todo un abanico de temas de corrupción de tipo monetaria que quedarán sin juzgar. El tema está ahora en el más alto tribunal. Hay que ser muy cauto y escéptico, el sistema no ha dado buenas señales de independencia. Panamá aparece en el índice de independencia judicial de 137 países en el 120 según el Foro Económico Mundial.

CASO ODEBRECHT: TODA EMPRESA QUE INCUMPLE LA LEY EN CONTRATACIONES PÚBLICAS DEBE QUEDAR INHABILITADA PARA EL FUTURO

P: ¿Qué opina sobre la evolución del caso Odebrecht en Panamá y el hecho de que puedan seguir participando en contrataciones publicas?

R: Transparencia Internacional tiene una gran insatisfacción por la forma en que el caso Odecbrecht se ha cursado. No se observa que se esté analizando de una manera integral a todos los que pueden estar envueltos, y esto nos muestra una Justicia selectiva y no imparcial.

No se observa, además, un Estado verdaderamente molesto con lo que ocurrido, sino más bien pendiente, tratando de vivir con las circunstancia, pendiente de lo que pase fuera, de los problemas económicos de Odebrecht, de si se declara en bancarrota y podrá pagar o no la multa, un Estado reactivo.

Pero hay un tema que debía ser muy básico y es el de la participación en contrataciones públicas con premisas falsas, que inhabilitan a cualquier postor. No hay que personalizarlo en Odebrecht, pero cualquier empresa en una contratación pública que incumpla la ley debe quedar inhabilitada para el futuro.

También es un mal ejemplo que el caso no se haya podido concluir, que el caso no esté cerrado.

TI tiene una idea que está desarrollando, y es la contratación de abogados para estudiar las nuevas informaciones que descubrió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para determinar si las delaciones que se dieron en su momento fueron realmente completas, veraces y eficaces, y si lo fueron por qué no las tuvo en cuenta el Ministerio Público.