Tribunal de Cuentas: Más de 3,000 funcionarios y 382 empresas enfrentan procesos por presuntas lesiones patrimoniales
De acuerdo a un comunicado, la entidad ha ordenado medidas cautelares sobre 1,138 vehículos, 597 fincas y 409 cuentas bancarias, para asegurar la recuperación de posibles fondos públicos comprometidos.
Panamá/El Tribunal de Cuentas (TC) mantiene abiertos expedientes contra 382 personas jurídicas y 3,092 funcionarios y exfuncionarios públicos por presuntas lesiones patrimoniales al Estado, según reveló su magistrado presidente, Rainier Del Rosario Franco.
De acuerdo con Del Rosario Franco, los montos relacionados con estos procesos ascienden a 211 millones de dólares, en casos donde se investiga el uso indebido de fondos públicos. Anteriormente, la cifra era de $250 millones; sin embargo, con el cierre y archivo del caso de compensación de buses conocidos como "diablo rojo" y otros casos, se ha restado más de $30 millones.
“Cuando usted es agente de manejo, debe rendir cuentas como un funcionario. Así lo establece la normativa sobre la jurisdicción de cuentas”, detalló el magistrado.
De acuerdo a un comunicado, la entidad ha ordenado medidas cautelares sobre 1,138 vehículos, 597 fincas y 409 cuentas bancarias, para asegurar la recuperación de posibles fondos públicos comprometidos.
Además del trabajo judicial, el Tribunal de Cuentas ha implementado una estrategia preventiva enfocada en la capacitación de servidores públicos en todo el país.
Hasta la fecha, cerca de 10 mil funcionarios han sido formados en el manejo adecuado de fondos públicos. Entre ellos figuran ministros, viceministros, diplomáticos, directores y personal de instituciones clave como los ministerios de Obras Públicas, Educación, Gobierno, Seguridad Pública, Economía y Finanzas, así como de la Asamblea Nacional, Ampyme, Registro Público y universidades públicas y privadas.
Aunque el Tribunal de Cuentas fue legalmente creado por la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008, el Tribunal de Cuentas inició sus funciones en el año 2012. Desde entonces, ha logrado recuperar más de 60 millones de dólares en casos relacionados con lesiones al patrimonio del Estado.
El Tribunal de Cuentas está integrado por tres magistrados principales, cada uno designado por un órgano distinto del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Su labor principal es determinar la responsabilidad patrimonial tanto de funcionarios públicos como de particulares que administran recursos del Estado. Esto cobra especial relevancia en casos donde se presume una lesión al patrimonio público. Los fallos emitidos por esta instancia pueden conllevar la devolución de fondos utilizados de manera indebida, cumpliendo así su función de control fiscal especializado.