Universitarios irrumpen en la Asamblea en protesta contra las reformas constitucionales

Estudiantes, profesores y administrativos de la Universidad de Panamá (UP), se movilizaron este martes 22 de octubre, desde el Campus Octavio Méndez Pereira, hasta la sede de la Asamblea Nacional en la 5 de Mayo. Posteriormente, los jóvenes irrumpieron saltando la cerca del palacio Justo Arosemena.

La manifestación universitaria se realizó como una acción de rechazo a las reformas constitucionales que se aprobaron en primer debate en la AN.

Al llegar al palacio legislativo, bajo la lluvia, se encontraron con las puertas cerradas, por lo que algunos estudiantes se subieron por la cerca para ingresar a las instalaciones.

"La U se defiende, la U se defiende", eran parte de las consignas que gritaban los estudiantes mientras invadían la sede parlamentaria.

Luego de los disturbios en la cuenta de Twitter de la Asamblea Nacional, se conoció que ya al rector de la UP, Eduardo Flores se le había informado que los polémicos artículos serían eliminados.

El profesor Ricardo Gil dijo que les parece increíble la intención de querer exonerar de impuestos a las universidades privadas.

Por otra parte, los estudiantes esperan que se hagan las modificaciones, ya que han advertido que podrían seguir realizando otras acciones de protesta, aunque no especificaron de qué tipo.

Agentes de la Policía Nacional (PN), llegaron al sitio para reforzar la seguridad.

En una carta firmada por el actual rector de la UP, Eduardo Flores, expresa que parte de la insatisfacción con lo aprobado, tiene que ver con la modificación de los artículos 99 y 104 de la Constitución, ya que le quita la función a las estatales, de fiscalización de las particulares.

Por otra parte, consideran como un exabrupto la reforma que elimina el deber del Estado de dotar del presupuesto indispensable a las universidades públicas, lo que les provee de autonomía económica.

En su reemplazo se propone dar asistencia económica por igual a las universidades oficiales y particulares, lo que desconoce la naturaleza social de ambas instituciones, pues las oficiales permiten el acceso de estudiantes de escasos recursos, mientras que las privadas son empresas educativas con fines de lucro.

“Es inadmisible que el Estado financie esos negocios y facilite mayores ganancias a sus dueños”, dice la carta.

Consideran que lo que se busca detrás de esa reforma, es la privatización total de la educación universitaria y verla como un bien mercantil.