Reavivan necesidad de aplicar reformas al Código Penal
07 mar 2022

Subcomisión legislativa reaviva necesidad de aplicar reformas al Código Penal
La necesidad aplicar reformas al Código Penal, mediante una discusión técnico-científica, con una política criminológica contemporánea, donde no se permita la entrada ni de populismo punitivo, ni de intereses criminales politiqueros, ni particulares, fue manifestada por el presidente de la Subcomisión de Gobierno, Justicia, y Asuntos Constitucionales, Juan Diego Vásquez.
Vista de la zona protegida de Isla Iguana en la provincia de Los Santos.
03 mar 2022

Inédito: Panamá reconoce legalmente los derechos de la naturaleza
Mientras el gobierno negocia por un lado un nuevo contrato con Minera Panamá y planea expandir el inventario de tierras para la extracción, por el otro aprueba la ley que reconoce los derechos de la naturaleza, un hito en la región que sigue los pasos que tomaron Ecuador y Bolivia hace una década.
Contraloría General de la República.
17 feb 2022

Aprueban traslado de partida por más de $800 mil a la Contraloría de la República
Un traslado de partida por el orden de los 820,595 dólares, le fue aprobado de forma unánime a la Contraloría General de la República, para “dar seguimiento al Plan cronograma establecido para el proyecto de Cambio de Año Base de las Cuentas Nacionales (Cabcn), por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, este 17 de febrero.
Proyecto busca pago de prima de antigüedad a funcionarios
14 feb 2022

Analizan pago de prima de antigüedad a funcionarios a través de certificados negociables
El análisis y estudio del proyecto de Ley 726, por el cual se crea el Certificado Negociable para el Pago de Prima de Antigüedad de los Servidores Públicos (Ceppan), fue realizado por una subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, en la Asamblea Nacional, este lunes 14 de febrero. La iniciativa presentada por el diputado Leandro Ávila, tiene como propósito reconocer el pago de la prima de antigüedad, como un derecho adquirido, en beneficio de los servidores públicos que se hayan desvinculado laboralmente, por despido o pensión de invalidez, de las entidades gubernamentales, en las cuales brindaron responsablemente sus servicios, como funciones del Estado panameño, a razón de una semana del último salario devengado por cada año laborado al servicio del Estado en forma continua, aunque sea en diferentes entidades del sector público.