A través del
Edicto N.° 1433
, la Corte
revocó la sentencia del 1 de marzo de 2024
emitida por el
Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá
y
declaró la “sustracción de materia”.
Ahora la propuesta regresará a manos del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien deberá decidir si la sanciona o la remite a la Corte Suprema de Justicia.
Argumentaban seis posibles violaciones a la Constitución en cuanto a temas ambientales y derechos humanos, entre los que menciona el “desconocimiento del Acuerdo de Escazú”, tratado internacional del que Panamá es parte desde el 2018, que protege los
El demandante sustentó que los
convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo precisan que no puede haber retención, reducción, descuento o deducción en las pensiones de jubilación o vejez
;
sin embargo,
la consideración de
El amparo buscaba dejar sin efecto la orden de descuentos emitida el 12 de mayo de 2025 por el contralor Anel Humberto Flores De La Lastra, en el contexto de las medidas adoptadas tras la paralización del sector educativo.
La Lotería de Concepción entrega sus utilidades para financiar instituciones de educación superior. La Polla Chilena de Beneficencia es un órgano estatal.
El tema deberá ser abordado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que en estos días discute cambios al Código Electoral y que, posteriormente, pasarán a consideración de la Asamblea Nacional.
La semana pasada, el presidente
José Raúl Mulino
designó a los abogados
Gisela Arguto
y a
Carlos Villalobos Jaén
, para que reemplacen a los magistrados
Cecilio Cedalise
y
Ángela Russo
, a quienes se les vence su periodo el próximo mes de diciembre.
Sin embargo, la solicitud surge en medio de las declaraciones del presidente de la República,
José Raúl Mulino
, quien, el 7 de agosto, durante una de sus conferencias semanales, afirmó que “el Pacto nació muerto y así se va a quedar”.
La Corte Suprema de Justicia la noche del martes, en el que se suspenden las jubilaciones especiales exclusivamente para los magistrados de este órgano.
El gremio empresarial advirtió que la medida
“viola el principio de igualdad ante la ley”
y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que el propio ministro de Economía y Finanzas ha calificado como una carga insostenible para las finanzas públ
El acuerdo ha desatado reacciones de diversos sectores de la sociedad panameña, e incluso el contralor general de la República ha manifestado la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad.