El fallo de un tribunal en Las Vegas tuvo lugar después de que un jurado encontrara a Davis culpable por el crimen tras horas de deliberación en agosto.
Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o vínculos con el narco.
La nueva solicitud supone otro capítulo en los asuntos legales derivados de la separación, aunque la representación de Shakira insistió en que el objetivo de la petición no es limitar la relación de Piqué con sus hijos.
Hace unos meses, el tribunal de La Haya ya emitió órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibanes, Hibatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdulhakim Haqqani.
La demanda de la familia afirma que ella estaba desarmada, no era sospechosa de ningún delito y se alejaba del agente en su automóvil cuando este disparó.
La sentencia indicó que Campbell, de 56 años, compartía responsabilidad por el hecho de que la organización benéfica no presentara sus cuentas a tiempo, pero que esto no significaba que fuera incompetente para ser administradora de una organización b
Departamento de Justicia estadounidense pide sanciones a jueces federales que critican en redes sociales y medios tradicionales las detenciones masivas de inmigrantes irregulares.
Pike padecía trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, pero no fue diagnosticada hasta después de su condena a muerte, según sus abogados.
España no ha legislado a nivel nacional sobre esta cuestión, que actualmente se debate en una subcomisión del Congreso pero todavía sin un horizonte legislativo concreto.
Jiménez asegura que contrajo VIH a los siete años, cuando recibía tratamiento por leucemia y necesitó una transfusión de sangre. Acompañada por Probidsida, volvió a pedir que se atienda su caso.
Ambos fueron incluidos en la lista de sanciones poco después de la invasión rusa de Ucrania en 2022, debido a acusaciones de que sus empresas proporcionaban importantes ingresos al Kremlin.
Los procesados son siete personas que ocupaban altos cargos en el Estado iraní al momento del ataque y un agente del movimiento chiita libanés Hezbolá.
Las primeras sentencias del tribunal, anunciadas a mediados del año pasado,
s
ustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios a quienes reconocieron su participación y aportaron información para esclarecer crímenes.
El jurado se encuentra estancado en una votación de 11 a 1, y la mayoría aparentemente se inclina por declarar a Clancy no culpable por razones de salud mental.
Esta vez la Fiscalía escuchará la versión del expresidente sobre las masacres paramilitares de El Aro (1997) y La Granja (1996) en la convulsa región de Antioquia, cuando era gobernador.
Hernández, de 57 años y que gobernó entre 2014 y 2022, era acusado por la fiscalía de participar en el desvío de dos millones de dólares de fondos públicos.